Víctor Cabezas
Quito, Ecuador
Si en una clase de derechos humanos o derecho constitucional el maestro quisiera exagerar una violación flagrante a los derechos de una persona para ilustrar la aplicación de una norma o de un principio seguramente el caso de Manuela Picq estaría descrito con puntos y comas en la pizarra. La exageración, por concepción, es una degradación maniquea de la realidad, esa que algunos aún observamos difusa y que el caos Picq insiste en diagramar. Una mujer aprehendida en medio de una protesta, mantenida cautiva en un centro de reclusión camuflado bajo la alegoría de “hotel”, sin que medie debido proceso alguno, sin que un juez declare su responsabilidad, sin justificativos, con la sola credencial de la fuerza del Estado como cortina de hierro librándose entre la ilegalidad pura de sus actos y el abuso.
Y entre la ansiedad que emana de tener un ser humano injustamente preso, los términos de ley y los escritos de rigor, un grupo de abogados dentro de los que estaba el Dr. Juan Pablo Albán -habitual héroe discreto y notable defensor de los derechos humanos en Ecuador- lograron la libertad de Manuela Picq. Claro, en medio de resbalones -¿una jueza de la Republica declarándose incompetente para conocer una acción constitucional? ¿diciendo que ya mismo se acaba su turno, que los derechos esperen sentados?- el sistema de justicia daba un respiro de quietud y zozobra a quienes aún no entendemos si este es un caso “para muestra un botón”, un lapsus calami en la justicia, una exageración para ilustrar o un grito que clama en el desierto.
Y preciso, llegó la tormenta ratificando que ese respiro de quietud había sido eso, un instante, un lapsus, que las cosas volverían al curso normal, que esta causa ya tenía sentencia, que había sido resuelta antes de ser peleada; la defensa de Manuela Picq presentó una acción de protección constitucional que fue rechazada. No importó que la periodista y académica franco-brasileña tuviera derecho a permanecer en el país, pues mantenía una relación sentimental, formalizada de acuerdo a los ritos ancestrales con un ciudadano indígena ecuatoriano. No importo que estemos en un estado plurinacional que reconoce la validez de esos ritos y los protege.
El tratamiento de la visa de Manuela, su revocatoria y todo lo posterior se fundamento en que el Estado decide a discreción a quién y a quién no dar visas. Y esto no está en discusión, el Estado tiene esta potestad, sin embargo, discreción no es arbitrariedad. Toda actuación donde se determinen derechos debe ser motivada y fundamentada de acuerdo a los estándares constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. En este caso es evidente que la visa de Manuela Picq fue revocada por motivos políticos, un hecho por demás ilegal e ilegítimo, que contraría el espíritu garantista (¿?) de nuestra constitución. Un interés político determinando la integridad y la dignidad de una persona.
Pero la cúspide de la exageración en este caso se da cuando el Ministro del Interior –autoridad administrativa, dependiente de la función ejecutiva- envía un escrito a la jueza de contravenciones que llevaba el caso. En este documento que quedará para el estudio de aquellas exageraciones hito en el ejercicio del poder, el Ministro, palabras más palabras menos, solicita a la jueza que remita el caso Picq al ministerio, que este debe resolverse ahí, no en juzgado de derecho. Y frente a aquello ya no cabe ni la razón ni la palabra, quizás solo la indignación. Que una autoridad administrativa pretenda obviar la Constitución, los principios más elementales del derecho y la separación de poderes es bailar al ritmo del más recalcitrante del abuso de poder.
Si bien este caso ha convertido a Manuela Picq en una especie de mártir de las redes sociales, aunque ha sido idolatrada y puesta como insignia de batalla tanto por oportunistas como por ciudadanos honestos e indignados, aquello no importa, es coyuntural y es pasajero. Lo verdaderamente importante es analizar si la exageración violatoria de derechos que refleja este caso ilustra algo más profundo que lo circunstancial de Manuela Picq. ¿Qué sucede en el manejo de nuestra justicia? ¿Este caso refleja la alegoría de “para muestra un botón”? ¿esta parafernalia de hechos y derechos desafortunados es una exageración para ilustrar algo más profundo sobre el manejo de la justicia en Ecuador? O acaso ¿es un simple lapsus calami del que saldrán lecciones para reparar minucias dentro de un sistema saludable?