El acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, anunciado el miércoles en La Habana, ha despertado fuertes críticas tras conocerse que ninguno de los guerrilleros que hubieran cometido crímenes atroces irá a prisión. El hashtag #AcuerdoDeImpunidad se impone en Colombia y con esa etiqueta miles de usarios de Twitter rechazan la posibilidad de que los narcoguerrilleros salgan en libertad e, incluso, participen en la vida política del país.
El director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, advirtió hoy de que el acuerdo conlleva impunidad para los autores de delitos graves, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) podría no aceptarlo. El pacto «permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión», apuntó Vivanco, quien siempre ha expresado su desacuerdo con algunos aspectos de este proceso de paz.
El negociador gubernamental Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz de Colombia, insistió en que los crímenes «que más duelen a los colombianos», como el secuestro, la ejecución, el desplazamiento, el reclutamiento de niños o la violencia sexual; «no serán amnistiados y recibirán las sanciones adecuadas en función de los niveles de reconocimiento».
El negociador subrayó que reconocimiento no implica impunidad, ya que para los que no vayan a la cárcel en todo caso habrá una restricción efectiva de la libertad, es decir, «estará en un lugar específico bajo un régimen de vigilancia y control» y «no dando saltos por los municipios de Colombia«.
Ninguna de las partes ha precisado cuáles serán esos lugares de «restricción de libertad» en los que los sancionados cumplirán sus penas.
Para el caso de la guerrilla, recordó que el primer paso para acogerse a la jurisdicción especial para la paz será entregar las armas, que deberán hacerlo en un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo final.
«Está claro que las FARC no van a entregar las armas al Gobierno, pero sí las van a entregar a alguien que de manera verificable pueda demostrar que esas armas fueron destruidas y no están en poder de la guerrilla», indicó Jaramillo, aunque señaló que la fórmula de entrega todavía tiene que ser objeto de discusión en la mesa.