Escaso margen de maniobra le queda al Ejecutivo para resolver el caos en que nos sumió y aún en esas circunstancias, en Carondelet se discute con verdadero escepticismo si Ecuador debe adherirse o no al Acuerdo Mutipartes con la Unión Europea – necesario para el país, pues prolongaría el acceso preferencial de nuestros productos a un mercado con 500 millones de consumidores -. La actitud exquisita que mantiene un gobierno con pésimo paladar económico y claras prioridades políticas, se vuelve crónica en relación al acuerdo porque ratificarlo implica sacrificar necesidades oficialistas inmediatas. Poco le importa al gobierno el caos comercial, económico y laboral anunciado a medio y largo plazo que ocasionaría la perdida de esas preferencias; eso, ahora que no insiste en la reelección indefinida y sean otros quienes recojan los destrozos a partir del 2017.
Un acuerdo necesario
Hoy en día, el 56% de las exportaciones ecuatorianas se dirigen a la UE, su principal socio comercial para exportaciones no petroleras (abarcando un 30% del total) y gozan de aranceles reducidos o nulos para ingresar a ese territorio; dichas circunstancias se atribuyen a la vigencia del sistema de preferencias SGP+ que otorga unilateralmente la UE a nuestro país y que perderemos en el 2017. Una vez que Ecuador no goce de esas preferencias, pagaremos en torno a $400 millones en aranceles para acceder al mercado europeo –leyendo cifras del 2013; eso encarecería nuestros productos sobremanera y aniquilaría su capacidad de competir con artículos de otros países que sí cuentan con preferencias arancelarias.
El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito Eduardo Cadena nos recuerda que esos países con preferencias son, nada menos que nuestros vecinos, Colombia y Perú. Si no ratificamos la adhesión al acuerdo, ambos países podrían comerse nuestra cuota de mercado en la UE con preferencias arancelarias aplicables a industrias que sostienen pilares de la economía ecuatoriana como la bananera (la segunda fuente de ingresos del Ecuador después del petróleo), la florícola, la cafetera, la atunera, y la camaronera. El consultor de análisis económico José Francisco Ponce Jouvín señala también que, en términos generales, la imposición de cargas arancelarias para los productos ecuatorianos que hoy gozan de ventajas de acceso al mercado europeo, generaría una perdida de comercio de $465 millones durante su primer ano de impacto y 3,000 a tres años de afectación. Las pérdidas impactarían el crecimiento agregado de las exportaciones no petroleras –que de acuerdo a cifras del propio Banco Central ya ni siquiera crecen en volumen-, la inversión y el empleo a medio y largo plazo.
De no ratificarse el acuerdo, es también muy probable que aquellos países que invierten en el desarrollo de la industria local destinen su capital a vecinos que sí firman acuerdos que garantizan la protección de inversiones extranjeras, como es el caso de Colombia y Perú que firmaron el Acuerdo Multipartes; ellos ya se llevan $6,835 millones (2015) y $7,607 (2015) millones en inversión extranjera directa respectivamente, mientras Ecuador recibe la ínfima cifra de $773 (2014). De acuerdo al Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito Eduardo Cadena, la falta de inversión podría estancar el desarrollo de industrias actuales y futuras. Siendo la gravedad de las consecuencias de una posible negativa a la adhesión al acuerdo tan evidente, ¿por qué el gobierno es reticente a ratificarlo? La respuesta a esa pregunta debe leerse en clave, a pesar de que el ejecutivo intente aparentar lo contrario.
Excusas sin fundamentos
El gobierno ecuatoriano escuda su escepticismo a firmar el Acuerdo Multipartes con la UE en la “necesidad” de proteger la industria local que podría perecer al competir con productos europeos que ingresen a nuestros mercado con preferencias arancelarias. Sin embargo, estudios detallados corroboran que si bien el ingreso de productos europeos bajo tales condiciones impondría un reto competitivo en ciertas industrias nacionales, no ocasionaría su destrozos significativos por dos razones.
La primera razón apunta a que el acuerdo comprende la desgravación parcial de varias líneas de producción en plazos que se extienden hasta los 15 años, lo que otorgaría a la industria nacional tiempo suficiente para adaptarse a la competencia y mejorar su competitividad. La segunda razón indica que únicamente siete industrias nacionales se verían afectadas, y varias de ellas sobrevivirían al impacto. José Hidalgo Pallares, Director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, explica que la cerámica (el país dispone de mas de 40 firmas), los alimentos procesados (Ecuador tiene mas de 200 firmas), la industria textil (si bien la competencia con productos extranjeros es marcada, Ecuador ya cuenta con mas de 400 firmas locales) y los licores (los productos locales compiten por un segmento distinto a los extranjeros) podrían adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y competir con los productos europeos con el paso del tiempo. No así, las industrias que afrontarían un desafío mayor, pero no necesariamente letal, son la automotriz y la línea blanca. Finalmente, la situación menos favorable la viviría el sector del calzado.
En términos generales, el reto competitivo no es desfavorable a nuestro país, pues cuanto antes de adapten a él ciertas industrias, mayores serán sus posibilidades se sobrevivir en el futuro. La exportación de productos ecuatorianos con aranceles reducidos a la UE también generaría mayores ventajas que afectaciones. Las verdaderas razones por las que el gobierno duda si ratificar el Acuerdo o no son otras, y deben conocerse.
Crónicas de un caos anunciado
Colombia y Perú condicionan aceptar la adhesión de Ecuador al Acuerdo Multipartes con la UE – uno que, cabe recalcar, el Gobierno rechazó con decoro – a que nuestro país rebaje o elimine las salvaguardias a sus productos. El sector empresarial Ecuatoriano duda que el gobierno ratifique el acuerdo y cumpla con lo solicitado por dos razones.
En primera instancia, el ego de un petulante Jefe de Estado se vería muy mal herido si ratificara un acuerdo que rechazó asegurando que conseguiría mejores condiciones para el Ecuador de las que tienen su vecinos, sin haberlo logrado. En segunda instancia, el Ejecutivo no quiere aceptar las condiciones que imponen Perú y Colombia porque teme a que la escasa liquidez en dólar de la que dispone salga en quema de nuestras fronteras si elimina las salvaguardias. Como señala Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, este último es un riesgo latente a corto plazo pero la perdida de preferencias, ocasionaría problemas aun más pronunciados y duraderos para el comercio, la inversión, la creación de empleo y la recuperación económica en nuestro país.
Ecuador seria también de los pocos países en la región que no participa de la libre circulación de productos y su consecuente extensión a la de personas –a través de la visa Shenghen que España intercede por que la UE nos conceda. Esos problemas, poco importan a un Ejecutivo que prefiere resolver necesidades de liquidez inmediatas, generadas por la imposición de su fracasado modelo keynesiano, para que sean otros quienes luego limpien los destrozos. ¿No lo cree? Pregúntese entonces, ¿por qué por primera vez en diez años vemos a un totalitario sin ganas de perpetuarse en el poder? Porque son menos quienes desean tomar el timón de un barco en llamas después de bañarlo en gasolina.