Río de Janeiro, (EFE).- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva será escuchado como testigo en el marco de la investigación que adelanta la Policía Federal brasileña para verificar el posible pago de sobornos a funcionarios a cambio de decretos que favorecieron a fabricantes de autos, dijeron hoy fuentes oficiales.
Los responsables de la investigación enviaron un oficio para pedirle a Lula que se presente ante una comisaría para ser escuchado en la calidad de testigo, según fuentes de la Policía Federal citadas hoy por diferentes portales de noticias.
El Instituto Lula, que es portavoz del exmandatario, informó de que el exjefe de Estado hasta ahora no recibido la invitación para comparecer a la comisaría pero que, en caso de que la reciba, está dispuesto a colaborar con la investigación.
El Instituto informó igualmente de que Lula se encuentra actualmente en España y que no sabe si volverá antes del próximo miércoles, para cuando estaría previsto el interrogatorio.
La información de que la Policía desea escuchar la versión de Lula sobre el escándalo de corrupción se produce dos días después de que el juez responsable de la investigación autorizara la suspensión del secreto bancario que protege las cuentas de Luis Cláudio Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente, y del exministro Gilberto Carvalho.
Tanto el hijo de Lula como Carvalho son investigados en el marco del proceso policial que intenta determinar el supuesto pago de sobornos para que el Gobierno de Lula aprobara, el 20 de noviembre de 2009, el decreto que prorrogó hasta 2015 una serie de incentivos fiscales concedidos al sector automotor.
Según la Fiscalía, algunos fabricantes de automóviles pagaron las coimas para que el Gobierno prorrogara los descuentos tributarios a la fabricación de vehículos, una medida que tenía como objetivo impulsar a un sector considerado como uno de los pilares de la industria brasileña.
Una de las empresas del hijo de Lula fue incluida en la investigación debido a que la firma Marcondes & Mautoni, citada como la intermediaria del pago de sobornos, hizo una transferencia por 2,4 millones de reales (unos 1,45 millones de dólares) en marzo de 2011 a esa compañía de marketing deportivo.
En el caso de Carvalho, quien fue ministro de Lula y también titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia durante el primer mandato de la actual mandataria, Dilma Rousseff, se sospecha que tenía vínculos con algunas de las empresas implicadas en esas maniobras.
Además de su hijo y de Carvalho, otro del círculo íntimo de Lula en la mira de la Policía es el productor rural José Carlos Bumlai, acusado de haber intermediado por empresarios investigados por corrupción y de haber pagado por costosas reformas en la casa de otro hijo del exgobernante.
El octubre pasado el propio exjefe de Estado se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía para responder en un proceso en que se le investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de la constructora Odebrecht después de concluir su mandato.
La Fiscalía abrió en julio una investigación penal contra Lula por supuestamente haberse valido de su influencia, después de dejar la Presidencia, para hacer que el banco de fomento del Gobierno favoreciera a Odebrecht en negocios en países latinoamericanos y africanos.
El exmandatario también fue interrogado como testigo en la investigación de la Policía Federal por el escándalo sobre los millonarios desvíos en la petrolera estatal Petrobras, que ha salpicado a varios de sus colaboradores y aliados políticos. EFE
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