El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, dijo hoy que seguirá investigando a funcionarios civiles y militares por supuesta corrupción y narcotráfico, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prevé «límites democráticos» a la tarea fiscalizadora del Legislativo.
«Vamos a seguir investigando diversos hechos de corrupción, la ruina del aparato productivo y de las empresas a las que le puso la mano el Estado y que se convirtieron en negocio de funcionarios, y de dirigentes del partido del gobierno», dijo el presidente de la AN, Parlamento, en una rueda de prensa.
El diputado indicó que con esta «sentencia del miedo» emitida ayer por el TSJ supuestamente se pretende «eliminar» las facultades que tiene la AN de acuerdo con la Constitución para investigar a cualquier funcionario, civil o militar.
«El TSJ (…) le ha tendido un manto de protección a algunos funcionarios civiles y militares, vamos a seguir investigando en las comisiones, en la que corresponda, los casos de narcotráfico en los que se han visto acusados algunos miembros de las fuerzas armadas», dijo Ramos Allup.
Señaló que con la decisión del Supremo se busca «relevar de su deber constitucional de comparecencia ante la Asamblea» a funcionarios civiles y militares para rendir cuentas «porque les da miedo que se les pregunte sobre materias que conocen y que no quieren revelar».
«Vamos a investigar la espeluznante situación de la deuda externa, que el gobierno no quiere que se conozca en su verdadera magnitud, ni en los plazos de amortización ni en los intereses de ruina que tiene que pagar para conseguir algunos dólares que siempre se sigue tragando la ineficiencia y la corrupción», dijo.
Asimismo, señaló que el Parlamento seguirá legislando y produciendo leyes para atacar la inseguridad, para «resolver la crisis humanitaria», la escasez de medicinas y de alimentos, aun «a riesgo» de que el TSJ siga declarando inconstitucional todo lo que decida la Cámara de mayoría opositora.
Adelantó que mañana, en la sesión ordinaria, se realizará una discusión sobre esta decisión del Supremo y aclaró que si bien la oposición no ha planteado una «lucha de poderes» sí existe una «confrontación» que la bancada adversa al gobierno no ha buscado.
«Tenemos que cumplir con nuestros deberes constitucionales porque nosotros tenemos que responderle a la gente que nos eligió para cumplir con nuestro deber, no para que a las primeras de cambio, por una arremetida de un gobierno que en cualquier momento resulta calificado como gobierno forajido plantea una lucha», agregó. EFE (I)