Ese balance, quizás, puede empezar a resumirse en los siguientes puntos:
1. Un país que recobró un autoestima perdida: Más allá de lo ambivalente y etéreo de la autoestima o la moral nacional, pues su propio alcance va de la mano de aquella pregunta tan compleja (¿qué entendemos por Ecuador?), nuestro país pasó de una crisis institucional y de confianza en el poder político y de la noción de lo público. Este escenario desfavorable donde los ciudadanos salían a las calles a gritar “que se vayan todos” fue acertadamente capitalizada por el proyecto político de Rafael Correa y hoy ha sido superado.
2. Una inversión pública enorme cuya eficiencia está aún por probar: Si hay una discusión relevante a la hora de analizar la gestión del Gobierno Correa, es el análisis de la eficiencia de la inversión. La cantidad de plata invertida en carreteras, hidroeléctricas, escuelas y hospitales han sido la justificación absoluta y eterna del Gobierno frente a todo tipo de problemas (judiciales, políticas, mediáticas) y sin duda han mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Persiste, sin embargo, un sentimiento generalizado en la ciudadanía de que ha existido un gasto corriente excesivo y fondos para proyectos promesa (Yachay, UNASUR, Refinería del Pacífico) de altísimo coste cuya visión y sostenibilidad, más allá de la voluntad política, generan, por decir lo menos, desconfianza.
3. La pregunta del millón: dicen los economistas que un país dolarizado que invierte de manera desmedida sin contar con un ahorro institucionalizado y sin promover el ingreso de dólares del exterior para oxigenar el medio circulante, está condenado a reincidir en las cifras de pobreza que el boom petrolero ayudó estabilizar. Habrá que ver si en unos años, cuando el tiempo dé sobriedad a las cifras y a los analistas, los ciudadanos lleguemos a saber si el modelo económico del Gobierno pudo sostener las cifras de pobreza, desigualdad y empleo que ha ostentado durante estos años de bonanza.
4. Institucionalidad cosmética: Los juzgados se han modernizado, hay más jueces, hay mejores edificios pero la institucionalidad del país se ha debilitado en estos diez años de Gobierno. La seguridad jurídica es etérea y pende de las aspiraciones presidenciales, las normas cambian agresivamente, la Corte Constitucional es sumisa y el poder judicial ejerce sus funciones azuzado por la política. Todo esto, sumado a un discurso que ha fomentado una “hiper-presidencialización” de todo lo público ha establecido una crisis democrática donde el debate (lo que queremos como sociedad) se reduce y restringe a la gestión de un individuo, a la gestión presidencial.
5. Las relaciones de poder no han cambiado: En nuestro país los grandes objetivos de política económica propios de la izquierda están muy lejos de cumplirse. Hay menos pobres y las brechas de desigualdad se han acortado (al menos por el momento). Sin embargo, la concentración de los medios de producción en pocas manos, lejos de haber disminuido, se ha afianzado. Basta ver a quién le compramos las bebidas no alcohólicas o la cerveza, y quién produce el aceite para darnos cuenta que Ecuador es un estado de oligopolios comerciales. Entonces, más allá de la retórica (el ser humano por sobre el capital), la realidad económica demuestra que el Gobierno ha sido incapaz de cambiar las relaciones estructurales de poder. El campo permanece desatendido, las economías populares y solidarias y las asociaciones productivas (todos estos elementos centrales de la propuesta productiva del Gobierno) no han podido despegar, el modelo de gestión productivo del Estado no ha logrado si quiera acercarse al modelo izquierdista que pregona el discurso.
Después de estos diez años, y tras cada paso y traspié del Gobierno, emerge algo muy claro: la ideología de la Revolución Ciudadana permanece indescifrable.