Hecho que toda la comunidad internacional celebra, porque significa el cese de las hostilidades, donde el único afectado ha sido pueblo. Pero, ¿qué implica para Ecuador este proceso donde hemos visto un sinnúmero de altibajos en el cual no solo las partes involucradas participaron, sino también otros países, organizaciones internacionales y actores políticos?
Primero hagamos un rápido recorrido sobre las FARC-EP: nacieron en las montañas de Marquetalia, con una visión de transformación político-social amparada en las consignas ideológicas de un socialismo que para aquella época estaba en su apogeo. Su accionar subversivo rápidamente le hizo dejar sus ideales de cambiar el país e ingresar en la epidemia global del narcotráfico. Sus cinco décadas de existencia ha sido nefastas, por los miles de muertos, heridos, secuestrados, desplazados y porque hundió a Colombia en la violencia, la inseguridad y el temor colectivo. Ese es el legado de este grupo que jamás tuvo intenciones de entregar las armas para incorporarse a la vida pública y política de una sociedad que reclama por la barbarie de sus actos.
Luego del periodo presidencial de Álvaro Uribe, su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, uno de los más acérrimos enemigos de esta organización narcoterrorista, asumió la Presidencia, y cedió posiciones, para plantear un proceso de paz, que permita terminar una guerra que no tendrá vencidos ni vencedores.
El legado para el Ecuador no es halagüeño: el frente sur de las FARC-EP, que se encuentra operando en los departamentos de Putumayo y Nariño, frontera con nuestro país, constituye la estructura narco delictiva que más aporta económicamente al secretariado de la guerrilla, producto de la comercialización de cocaína con los carteles mexicanos y venezolanos. Es por eso que en el 2008 el secretariado comisionó a alias Raúl Reyes para que se haga cargo de estas estructuras y las encause hacia la lucha armada, pues ya no combatían por sus ideales sino por las ganancias que generaba el tráfico de drogas y en donde participaban desde los comandantes de columna hasta el último guerrillero.
El presidente Santos plantea como solución la incorporación de los guerrilleros a la vida pública de su país, la entrega de sus armas, la liberación de secuestrados, el cambio de plantaciones de coca por sembríos de productos tradicionales, subsidios, seguridad etc. La propuesta es bastante ambiciosa pero no es práctica, peor realista, porque existe en la actualidad varias generaciones de guerrilleros que consideran al narcotráfico como su modo de vida y sus recursos económicos como normales. Jamás entregarán sus armas y peor aún sus plantaciones, laboratorios y cristalizaderos.
Ante este escenario, Colombia muy probablemente iniciará una presión militar para eliminar los rezagos de este grupo que no quieran incorporarse a la sociedad. Si existe una presión militar, estas estructuras narcoterroristas buscarán refugio en las zonas fronterizas, donde desde hace muchos años desarrollan una infiltración permanente a vista y paciencia de las autoridades locales, mientras la población mira con desconcierto como la frontera va cambiando su cotidianidad.
Nuestro país no está al momento en capacidad de hacer frente a estos desbordamientos de varias columnas guerrilleras, más aún cuando el estamento político ha iniciado un proceso de politización y fraccionamiento de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Pasarán algunos años para poder equiparar y combatir este flagelo, sin embargo, uno de los actores del proceso de paz colombiano, las FARC-EP ya estará conviviendo en nuestro país con las nefastas consecuencias que esto implica.
A corto plazo, en Ecuador comenzarán a operar estas narco-estructuras, por lo cual existirá no solo el problema de combatir una guerrilla externa, sino también la proliferación de cultivos, centros de procesamiento y distribución sin descartar el clima de terror y violencia social que se desatará.
* Mario Pazmiño es coronel en retiro de las Fuerzas Armadas del Ecuador