Venezuela (AP) — Miembros de la policía judicial de Venezuela serán sometidos a una investigación interna por su posible relación con los asesinatos de 17 mineros cuyos cuerpos fueron localizados a principios de la semana en una fosa común en el estado suroriental de Bolívar.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó el miércoles que algunos funcionarios de la policía judicial en ese estado van a ser sacados del organismo y sometidos a averiguación interna como parte de las investigaciones del caso.
Rico dijo que no se descarta que el Ministerio Publico emprenda una investigación penal contra funcionarios de la policía judicial, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional —la policía política_, o algún organismo militar.
La organización activista local Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de 1989 (Cofavic), una de las principales del país, difundió esta semana en su página de internet un comunicado en el que señala que, de acuerdo a informaciones aportadas por sobrevivientes, los asesinatos habrían sido realizados por un grupo de hombres fuertemente armados entre los que había algunos con «chalecos presuntamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)».
La Cofavic instó al Estado venezolano a realizar una investigación independiente y bajo estándares internacionales para determinar la verdad y capturar, enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, «especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales».
Las autoridades concluyeron con la identificación plena de los cuerpos de 14 de los 17 mineros que fueron encontrados el 14 de marzo en una fosa común en las cercanías de la localidad de Nuevo Callao, estado Bolívar, anunció la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Aún quedan pendientes por identificar otros tres cadáveres, a los cuales les practicarán estudios de ADN para determinar su identidad, precisó.
De acuerdo a los estudios hechos a los cuerpos se determinó que 16 fueron ejecutados con disparos en la cabeza y uno recibió un balazo en el tórax.
«Esta investigación apenas está comenzando», dijo la fiscal general, al tiempo que descartó que con la identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares se vaya a cerrar el caso.
Los mineros fueron asesinados el 4 de marzo en una mina cercana a la población de Tumeremo, estado Bolívar. Las autoridades aún no aclaran las causas.
El presidente Nicolás Maduro dijo recientemente que se cree que los mineros habían sido víctimas de una «matanza en una guerra de bandas» que operan en el sur del estado Bolívar, donde hay una intensa actividad de minería ilegal.
Como parte del proceso las autoridades detuvieron a Rosa Gil Salazar, quien estaría vinculada con los asesinatos. Los cuerpos de seguridad buscan a otras tres personas, entre ellas Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias «El Topo», de nacionalidad ecuatoriana, quien se presume sería el líder de la banda que realizó la masacre.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, creó la semana pasada una comisión para investigar el caso. (I)