La Corte Suprema de Argentina tumbó hoy la subida del gas para particulares definida por el Gobierno de Mauricio Macri en el primer cuatrimestre del año para paliar las deficiencias del sistema energético, medida que se sumó a fuertes incrementos ordenados también en otros servicios como luz y agua.
En su dictamen, los jueces del máximo tribunal del país consideraron por unanimidad que el Ejecutivo debió someter la medida a consulta pública antes de aprobarla y que, por tanto, «las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento», dispuesto desde abril.
La Corte tuvo en cuenta que la Constitución «prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos» y «el derecho a la información».
Por ello, «para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio», indica el fallo, que no afecta a los aumentos para industria y comercio.
Aunque para el Gobierno, que había justificado las subidas bajo el imperativo de paliar las deficiencias del sistema energético tras los doce años de Hobiernos kirchneristas, la decisión supone un revés, desde el Ejecutivo aseguraron que acatarán el dictamen y que convocarán audiencias públicas lo más pronto posible.
En rueda de prensa para valorar el fallo, el jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, destacó la «normalidad institucional» del proceso pero defendió que hay que «trabajar en una mejora estructural» del sistema, que atraviesa «una crisis muy profunda» y necesita inversiones.
Junto a él comparecieron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el de Energía, Juan José Aranguren, quien confirmó que, además de la audiencia que se convocará por los aumentos dispuestos en abril, en octubre habrá una nueva citación a consultas para una revisión integral de las tarifas de cara a los próximos cinco años.
La actualización de los precios, oficializada el pasado 1 de abril, había supuesto inicialmente aumentos de hasta el 800 % aunque posteriormente el Gobierno fijó un tope de subida del 400 % para los usuarios residenciales ante al fuerte descontento social.
La anulación del aumento dispuesto por la Corte, sin embargo, no afectará a otros tipos de usuarios como los industriales o comerciales, a los que también se habían aplicado subidas con un tope máximo del 500 %.
Según las cifras del Gobierno, los domicilios suponían el 25 % del ingreso extra para el Estado calculado con el total de los aumentos del gas.
Ese «coste fiscal» va a «haber que sacarlo de otros» sitios, como por ejemplo obra pública, según advirtió hoy el jefe de ministros.
Con la decisión de hoy, la Corte confirmó un fallo judicial previo de un tribunal federal de la ciudad bonaerense de La Plata que declaraba, con alcance nacional, la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario.
La subida del gas se produjo en medio de una escalada inflacionaria y junto a fuertes aumentos en el precio de otros servicios, como el agua y la luz (también bajo la lupa de los tribunales), lo que generó un fuerte descontento social y acciones judiciales en varios puntos del país.
Ante la proliferación de denuncias, el máximo tribunal se hizo cargo del conflicto a petición del Gobierno para tener una decisión en firme de alcance nacional.
El fallo de la Corte fue celebrado por la oposición.
A la entrada del Palacio de Tribunales, un grupo de manifestantes pertenecientes al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) protestó con pancartas y banderas en contra de la subida a la espera del dictamen de la Corte Suprema.
«Veníamos a pedir lo que finalmente resolvió la corte: la anulación del tarifazo», explicó el diputado del MST en la Legislatura de Buenos Aires Alejandro Bodart, en declaraciones a Efe.
Para Bodart, las continuas protestas de los últimos meses forzaron a la Justicia a escuchar al pueblo en la calle, en contra de lo que hizo, a su juicio, el Ejecutivo, que continuó con una ofensiva de medidas «impopulares», sin ninguna «sensibilidad social».
Desde el peronismo, el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, calificó el fallo de «coherente y acorde al sentido común», en declaraciones a radio La Once Diez, y aseguró que, si en «el Gobierno hubiesen hecho las cosas bien», el conflicto se podría haber «evitado». EFE (I)