Santo Domingo, 1 mar (EFE).- Un juez dominicano rechazó hoy el procedimiento de homologación del acuerdo firmado entre la Procuraduría y la empresa brasileña Odebrecht, mediante el cual la firma se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos en el país.
La Procuraduría dominicana había pedido al juez homologar el acuerdo, declarado como confidencial por las autoridades locales, y del que solo se ha revelado que la multinacional brasileña se comprometió a desembolsar al país 184 millones de dólares en los próximos ocho años como compensación económica.
Pero el procedimiento utilizado por la Procuraduría fue declarado hoy inadmisible por el magistrado coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Alejandro Vargas.
Esto, debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos «entre querellantes y querellados», lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el juez.
Tal y como han reconocido la Procuraduría y Odebrecht, indicó Vargas, «se trata de hechos graves, y en consecuencia, requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica«.
Vargas ordenó la devolución del acuerdo a las partes «a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan».
La decisión de Vargas fue aplaudida de inmediato por grupos de la sociedad civil, entre ellos, los del colectivo «Marcha Verde», que se manifestaron en las afueras del juzgado para reclamar a Vargas que rechazara la homologación del acuerdo.
El exdiputado Manuel Jiménez, quien había depositado una querella en contra del acuerdo, destacó la decisión del juez y señaló que el caso Odebrecht debe ser objeto de una «profunda» investigación y, además, «tiene que tocar hasta al último culpable de la corrupción y la impunidad dominicana«.
Por su lado, el abogado de Odebrecht Robert Valdez, explicó que una vez el juez Vargas notifique la decisión adoptada hoy, miércoles, se reunirá con los demás miembros del equipo legal de Odebrecht para estudiar el fallo y adoptar «la acción legal» que emprenderán en este caso.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, presente en la audiencia, aseguró, en tanto, que la Procuraduría General se referirá en las próximas horas a la decisión de Vargas.
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
Los documentos aseguran que, en concreto, la empresa pagó en el país caribeño 92 millones de dólares en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, reveló el pasado 10 de enero que su representante comercial en la República Dominicana, Ángel Rondón, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares, según explicó el procurador general, Jean Alain Rodríguez, tras un interrogatorio al ejecutivo.
Rondón reconoció haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares de manos de Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación y no para efectuar sobornos.
En su discurso de rendición de cuentas del pasado lunes ante la Asamblea Nacional, el presidente del país, Danilo Medina, se pronunció por primera vez en relación a este caso y aseguró que no habrá espacio a la impunidad.
Medina enfatizó que el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público con la trasnacional brasileña no detiene «en absoluto» el proceso de investigación de la Justicia, que deberá llevarse a cabo «caiga quien caiga».
El caso ha generado el rechazo de grupos políticos y sociales, e incluso, el colectivo ‘Marcha Verde’ congregó en enero a miles de personas en una manifestación contra la corrupción y la impunidad, y el pasado 22 de febrero entregó a la Presidencia dominicana miles de firmas para reclamar la conformación de una comisión de fiscales independientes que, acompañada de la ONU, investigue este tema. EFE
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