El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) del Perú ha divulgado esta tarde que el periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, editor del portal Focus, condenado a prisión por supuestamente revelar información reservada, se encuentra en Lima, y ha pedido asilo político al gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El proceso abierto contra el Fernando Villavicencio se origina en un artículo publicado en el periódico digital Plan V. La orden de detención fue dictada luego de un llamado a la justicia hecho por el presidente Rafael Correa para que actúe en contra del periodista. Villavicencio es autor de continuas denuncias de supuesta corrupción publicadas en libros y medios de información, que a juicio del IPYS son el origen de una persecución política en su contra a través del sistema judicial.
«Existen innumerables evidencias de esta persecución, especialmente desde el año 2010. Además, el periodista ha sido objeto de amenazas. Para preservar su seguridad y la de su familia, y en salvaguarda de su libertad personal y de expresión, en el 2014 solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH, con relación a un proceso anterior, ya concedió medidas cautelares a favor de Villavicencio que el gobierno ecuatoriano ignoró, pese a que fueron declaradas vigentes por la CIDH el año pasado» sostiene el IPVS, que apoya el asilo.
En abril del 2013 Villavicencio fue sentenciado por la justicia ecuatoriana por una supuesta “injuria judicial” al presidente Correa, por lo que debió pagar US$ 47,000 y pasar un año en la clandestinidad, exiliado en el territorio del Pueblo Sarayaku. En este proceso la justicia actuó ante un pedido público del presidente.
El IPYS pide a la CIDH conceder las nuevas medidas cautelares solicitadas en 2016 por Villavicencio, ante el reiterado intento de encarcelarlo por ejercer su libertad de expresión. Igualmente la exhorta a emitir a la brevedad el Informe de Admisibilidad de su Petición Individual P-107-14. El periodista ha asegurado que regresará al Ecuador si el gobierno de su país declara públicamente que acatará las medidas cautelares vigentes y las que se concedan.