Carlos Cobo Marengo
Guayaquil, Ecuador
El premio Nobel de economía James Buchanan explicaba en su teoría económica de la opción pública (Public Choice) que los ciudadanos debemos dejar de imaginar el proceso político como un mecanismo en el que las personas desinteresadas descubren y ejecutan el bien común, y que hay que analizarlo con las mismas herramientas que utilizamos para cualquier otra actividad, teniendo en cuenta los incentivos, intereses, información, costos y beneficios.
El error de nosotros los ciudadanos, suele estar en el hecho de esperar que los políticos sean distintos de los demás simplemente porque trabajan para el Estado. Pero, si sabemos que un empresario busca beneficios, un trabajador busca una mejor situación, una empresa busca sobrevivir y crecer y un consumidor intenta satisfacer sus necesidades, ¿Por qué suponemos que el político no tiene intereses propios?
Un político puede querer ganar una elección, conservar el poder, aumentar su popularidad, satisfacer a determinados grupos, conseguir presupuesto para su institución, evitar decisiones impopulares y aunque haya algunos que intenten actuar honestamente, sus decisiones e intereses pueden responder a incentivos que producen resultados que perjudican a los ciudadanos.
Por ejemplo, en el campo económico suelen querer generar políticas para recibir apoyo ciudadano que aunque con buenas intenciones, a veces pueden generar consecuencias no previstas de largo plazo, como es hoy la rigidez laboral, la falta de apertura financiera, el déficit fiscal que ningún gobierno parece dispuesto a eliminar, entre tantos otros temas.
Los ecuatorianos esperamos que los políticos solucionen problemas, protejan determinados sectores, controlen precios, generen empleo, reduzcan la pobreza pero, ¿Qué incentivos tienen quienes nos gobiernan para hacerlo?
Esta teoría económica intenta explicar que cuando se sustituyen ideas descentralizadas y me refiero a la no intervención del Estado en la economía para que sean los propios ciudadanos quienes tomen sus decisiones por decisiones administrativas manejadas centralizadamente por los políticos aparecen siempre problemas de cálculo económico, información incorrecta y mala asignación de recursos.
Por lo que no podemos olvidar que solo porque una persona ocupe un cargo público no actuará en función del interés general. Y las consecuencias son aún más graves cuando hablamos de decisiones económicas. Si un empresario toma una mala decisión, normalmente las consecuencias recaen sobre él y quienes decidieron relacionarse con su empresa.
En el ámbito político, en cambio, una mala decisión puede trasladar sus costos a millones de personas que nunca participaron de ella. Un impuesto, una regulación, un subsidio mal diseñado, una empresa pública ineficiente o un gasto innecesario no afectan únicamente a quien tomó la decisión, sus costos se distribuyen entre todos los ciudadanos.