El Gobierno de Ecuador afronta aún «graves problemas en materia de derechos humanos», muchos de ellos heredados del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), sobre todo en materia de libertad de expresión e independencia judicial.
Así lo afirma la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en el capítulo sobre Ecuador de su informe 2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, divulgado hoy y que recoge su apreciación sobre el Gobierno de Correa, que concluyó en mayo pasado, y el de su sucesor Lenín Moreno.
En el estudio destaca la promesa del actual presidente de respetar la libertad de expresión y de gobernar con una mayor tolerancia a la de Correa, un excorreligionario suyo, de quien se distanció y con el que mantiene una fuerte pugna política.
«Ecuador todavía enfrenta graves problemas en materia de derechos humanos«, como una «normativa que otorga al Gobierno amplios poderes para coartar la libertad de expresión; limitada independencia judicial; condiciones de detención deficitarias; e importantes restricciones en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de salud reproductiva», precisa el informe.
Moreno -agrega el texto- «terminó con la práctica de su predecesor de amenazar y hostigar públicamente a periodistas independientes» y designó a nuevos equipos para dirigir los medios públicos bajo una línea independiente del Gobierno.
Sin embargo, señala que sigue vigente una ley de información y comunicación que concede al Gobierno una «amplia potestad para limitar la libertad de expresión».
Asimismo, HRW agrega que el anterior gobierno de Correa tuvo «amplias facultades» para «intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales» y destaca el caso de la fundación Acción Ecológica, cuya disolución fue solicitada en 2016, aunque el Ministerio del Ambiente rechazó el pedido.
Además, HRW asegura que durante años, «la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador» y que pese a reformas aplicadas para cambiar esa situación en el periodo de Correa, se «presionaron jueces, fiscales y defensores de oficio para que tomaran ciertas decisiones en varias causas judiciales».
Asimismo, advierte de impunidad en el tratamiento de muchos casos de abuso sexual contra menores, sobre todo de los 882 denunciados en escuelas durante 2014 y 2017.
El informe también recuerda la preocupación manifestada por el presidente Moreno sobre la existencia de «presos políticos» en Venezuela, lo que, según señala, «constituye un apartamiento radical del fuerte apoyo de Correa al gobierno de Nicolás Maduro«.
Asegura también que 39.000 venezolanos han ingresado en Ecuador desde la profundización de la crisis en ese país en 2016, pero ninguno de ellos en condición de refugio. EFE
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