El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció hoy la desclasificación de la información de un polémico caso en el que se investiga el secuestro, en Colombia, del exlegislador Fernando Balda.
«Hemos tomado la decisión de desclasificar absolutamente toda la información que tiene la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia) con respecto al supuesto secuestro que sufrió el señor Balda en la ciudad de Bogotá», dijo Moreno a los periodistas.
En ese caso, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó el pasado jueves una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra el excomandante de la Policía Fausto Tamayo y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, tras ser vinculados en el presunto secuestro en 2012 del político.
La jueza Daniella Camacho vinculó a ambos como «presuntos autores mediatos de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda«, un exlegislador que fue un duro opositor durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El presidente Moreno también anunció que entre los «sonados casos» de los que se desclasificará toda la información figura el de la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Patricia Ochoa, viuda de Gabela, cuestiona un informe que atribuye a la delincuencia común el asesinato en diciembre de 2010 de su esposo, quien se oponía a la compra de unos helicópteros, varios de los cuales luego sufrieron accidentes.
El gobernante añadió hoy que han decidido enviar a la Defensoría de Pueblo los casos del exlegislador Galo Lara y de David Romo para que les proporcionen los informes respectivos.
Un exasambleísta en la provincia de Los Ríos, como representante del partido de oposición Sociedad Patriótica, Lara fue condenado a diez años de prisión por su supuesta complicidad en un triple crimen ocurrido en 2011. La acusación fue impulsada por el entonces Ministro del Interior, José Serrano, y orquestada por el aparato de propaganda del gobierno, radicado en la SECOM.
Lara asegura ser un perseguido político del Gobierno de Correa por revelar la corrupción de la compañía brasileña Odebrecht en Ecuador en aquellos años.
En el caso de Romo, el pasado 14 de mayo, el juez Telmo Molina dictó un auto de llamamiento a juicio contra seis involucrados en el presunto asesinato de él, desaparecido en mayo de 2013 en extrañas circunstancias relacionadas con una supuesta clínica de rehabilitación para el tratamiento de alcoholismo y drogadicción.
«Creo que con eso vamos a lograr que se refuerce el respeto, que en más de una ocasión, hemos manifestado que se debe tener por los otros seres humanos», dijo Moreno.
«Los derechos humanos son fundamentales: el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a los servicios sociales son parte fundamental de una democracia y nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, permanecer ajenos a ellos», comentó el jefe de Estado. EFE
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