La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo hoy que ni el «terrorismo» ni los «diabólicos», en referencia a los detractores del Ejecutivo y que a su juicio intentan derrocar al Gobierno que preside su esposo, Daniel Ortega, podrán gobernar este país.
«Esa atrocidad no va a gobernar Nicaragua, el terrorismo no va a gobernar Nicaragua, los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua», señaló la también primera dama en un mensaje a través de medios oficiales.
Murillo consideró que las familias nicaragüenses están empeñadas en restaurar el bien, la paz, la seguridad, el trabajo, la vida, «independientemente de esos pocos que siembran guerra y quieren seguir sembrando guerra y odio en el país», y a los que responsabiliza de la crisis que atraviesa esta nación desde el pasado 18 de abril.
«Independientemente de esa minoría llena de odio que todavía quiere imponer dolor, muerte, y sucesos increíbles en nuestro país», añadió.
Calificó los asesinatos durante las protestas contra su Gobierno como «prácticas diabólicas», que se han puesto en «evidencia por el mismo pueblo en las redes sociales».
«Cuánta malignidad, cuánto crimen de odio, cuánto pensamiento y prácticas horrendas, decíamos siniestros, diabólicos, satánicos», reprochó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis, que deja ya más de 350 muertos, según organismos humanitarios.
Las violaciones incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno nicaragüense.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE
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