El ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, defendió hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que el veto del Ejecutivo a la denominada Ley de Fomento Productivo, busca mantener la dolarización y la sostenibilidad fiscal.
El también titular de Finanzas, acudió hoy al Legislativo ecuatoriano para explicar los alcances del veto parcial del Gobierno a la legislación y señaló que busca clarificar y mejorar la aplicación de la ley y consolidar los incentivos para la inversión, de acuerdo a un comunicado difundido por su Ministerio.
«Reiteró que la normativa mantiene sus objetivos de fortalecimiento de la dolarización y del establecimiento de un proceso para la sostenibilidad fiscal«, reza el escrito.
La Asamblea Nacional recibió el pasado miércoles el veto parcial a esa legislación destinada a fomentar la economía del país.
Martínez, aseguró que el veto trata de perfeccionar las reglas macrofiscales, de manera que el límite de endeudamiento público, que es del 40 por ciento del PIB, se mantenga.
Sin embargo, puntualizó que «éste ya ha sido sobrepasado y no se puede retornar a él de manera inmediata, sino con un proceso ordenado«.
Indicó que dentro del período de estabilización fiscal se debe llegar a un equilibrio primario del Presupuesto General del Estado hasta el año 2021, y que en cada año se manejará una programación presupuestaria con el objetivo de retornar al porcentaje de deuda estipulado del 40 por ciento.
También precisó que la propuesta plantea excepciones para situaciones fuera de control del Ejecutivo tales como catástrofes naturales y que habrá beneficios tributarios para sectores industriales como el agrícola o el cinematográfico.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, presentó en mayo ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
La legislación recoge la exención del pago del impuesto a la renta durante 8 años para todos aquellos empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil, además de una exención de 10 años para quienes inyecten capitales en el resto del país, entre otras medidas.EFE
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