Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre del año 2006 mediante un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala.
Es un órgano internacional independiente con la finalidad de apoyar al Ministerio Público (equivalente a la Fiscalía General del Estado ecuatoriana), la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado en la investigación de delitos que afecten los derechos humanos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y promover su desmantelamiento.
Para cumplir con esas funciones, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, actuar como querellante y presentar denuncias administrativas contra los funcionarios públicos.
Guatemala fue secuestrada por la delincuencia común y organizada que corrompió a las instituciones públicas después de una guerra civil que duró treinta y seis años. Esta comisión nace doce años después de la firma de ese acuerdo.
En la época en que Thelma Aldana fue Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, junto al comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Iván Velásquez Gómez, lideraron varias investigaciones de alto nivel, entre ellas, la del caso de La Línea, en las que se vinculó al presidente de ese momento, Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Esto causó la renuncia del binomio presidencial y el arresto de ambos.
En cambio aquí, fugó Fernando Alvarado. Nos dejó una nota de agradecimiento y los encargados de la función judicial han hecho poco o nada al respecto. Son rezagos de la época de la cleptocracia: un estado de poder basado en la corrupción, nepotismo, clientelismo político y peculado; de tal manera que las acciones delictivas quedan impunes debido a que existen funcionarios públicos heredados de la década ganada que encubren delitos de sus jefes y los propios. Obviamente, esto incluye amenazas a los servidores públicos que deben perseguir estos delitos, con el fin de que incumplan su deber.
Esta aberración demuele las instituciones públicas para favorecer la corrupción. Ese factor es mencionado en los estudios internacionales que analizan las causas de la falta de competitividad. Nadie confía en una sociedad que permite eso.
Esas mafias plantean una amenaza para el estado de derecho y la democracia. Revelan la necesidad de cambiar la situación para evitar que se agrave y la población se sienta burlada.
De allí la importancia de constituir en Ecuador una comisión contra la impunidad similar a la de Guatemala. Finalmente, su creación fue una promesa de campaña de ambos candidatos presidenciales en la última vuelta.
Una mayor seguridad jurídica favorece a las inversiones, y con eso, el empleo adecuado aumenta mientras se combate la corrupción. Si ganamos todos con una institución similar a la CICIG ¿por qué no la fundamos?