La Cicig y su récord

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, también conocida como Cicig, tiene un récord importante de logros en combatir la delincuencia, en especial la de naturaleza política. He aquí algunos de ellos. En 2006 contribuyó para la imputación de varios exfuncionarios del gobierno de Óscar Berger responsables de la ejecución extrajudicial de algunos reos y de tres diputados salvadoreños. En 2008 jugó un papel clave en el enjuiciamiento del expresidente Alfonso Portillo y varios militares por el delito de corrupción. Entre el 2008 y el 2012 coadyuvó en el apresamiento del alcalde de Antigua Guatemala por peculado. En 2009 colaboró en la investigación de un asesinato (en forma de “suicidio”) para inculpar al expresidente Álvaro Colom. En 2013 logró desbaratar una banda criminal involucrada en pasaportes falsos y tráfico de personas. En 2014 desbarató otra organización criminal dirigida por un exoficial del Ejército que guardaba prisión. Ese mismo año la Cicig destapó una red de corrupción en la seguridad social y develó una organización criminal dedicada a la defraudación aduanera que incluía al secretario particular de la vicepresidenta.

En seguimiento de estas últimas investigaciones, en agosto de 2015, ella y el Ministerio Público giraron una orden de detención contra la vicepresidenta en funciones y solicitaron a la Legislatura guatemalteca que autorizara el juicio penal al presidente de la República, Otto Pérez Molina, por cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación tributaria. La ciudadanía se volcó a las calles para apoyar esta medida. La Legislatura se vio forzada a acceder al pedido, el presidente renunció, fue enjuiciado y condenado. Los expertos financieros de la Comisión lograron descifrar una sofisticada red de corrupción política dedicada al peculado y lavado de activos.

Un caso similar sucedió en el 2017. En ese año, la Cicig y la Fiscalía abrieron una investigación contra el actual presidente de la República, Jimmy Morales, por contribuciones electorales ilegales. El enfrentamiento del Gobierno con la Comisión llegó a tal punto que aquel anunció que no renovaría el convenio con las Naciones Unidas para la Cicig, decisión que fue suspendida por la Corte Constitucional. La popularidad del presidente se desplomó. La Legislatura deberá resolver sobre la autorización para enjuiciar penalmente al presidente. De prosperar este proceso, Morales sería el segundo mandatario que iría a prisión por acciones adoptadas por la Cicig. Mientras tanto, varios empresarios han sido condenados por esas contribuciones electorales ilegales.

Si bien hay mucho por hacer todavía en Guatemala en materia de anticorrupción, no hay duda de que la labor de la Cicig ha contribuido sustancialmente a frenar este azote. Como lo admiten los propios guatemaltecos, a la Fiscalía de esa nación le habría sido casi imposible enfrentar por sí sola a las mafias. La situación ecuatoriana no es muy diferente. Después de una década de ser gobernados por una banda organizada de delincuentes, las instituciones de nuestro país han quedado heridas gravemente. Pensar que por las vías tradicionales podremos extirpar a las mafias incrustadas en el poder es una ingenuidad o es hacerles el juego. (O)

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