La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, no descarta que el escándalo en el que se ve envuelta por la captación de financiación para su partido, se deba a que haya «interesados» en su cargo que quieran hacerla caer para «quitársela de en medio» como segunda del mandatario Lenín Moreno.
«Seguramente. No es una opción que uno tenga que descartar. Hay algunas personas que sin duda no pueden coincidir, o no pueden estar de acuerdo, con mi presencia como vicepresidenta», dijo en respuesta a una pregunta de Efe durante una entrevista en Guayaquil.
Agregó que tendrá que pasar el tiempo para que «las caretas vayan cayendo», en alusión a miembros vinculados a su propio partido que puedan estar interesados en su caída política tras su designación por el propio presidente.
Una teoría planteada por la abrupta forma en la que estalló el caso que la salpica desde el lunes, cuando el canal de televisión Teleamazonas publicó una declaración jurada ante notario de uno de sus ex colaboradores, Ángel Sagbay, en la que aseguraba haber pagado contribuciones a su cuenta personal entre 2011 y 2013, cuando ella era asambleísta.
«La discusión no está en si se depositó o no. Eso está ahí, no se ha negado. Lo que no es correcto, y que es la infamia y la calumnia, es el porqué y a qué se deben (esos pagos)», declaró a Efe.
Explicó que, contrariamente a la declaración de su excolaborador, nunca condicionó su ingreso al puesto, sino que ese dinero fue «un aporte a una organización en la cual era militante y dirigente«.
Se refería a la forma de financiación que regía en la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y, asegura la vicepresidenta, originada desde 2005 en Alianza País, movimiento oficialista al que se adscribe ABA.
De 40 años, Vicuña afirmó desconocer la suma exacta de contribuciones que entraron en su cuenta bancaria procedentes de los militantes.
«No tengo la más remota idea, estamos hablando desde el 2011. Incluso desde antes del 2009, desde que era asambleísta (…) No tengo las cifras en la cabeza», aseguró antes de negar cualquier tipo de «ilegalidad».
El portal ecuatoriano «Código Vidrio» informó hoy de que su cuenta registra un total de 1,2 millones de dólares en movimientos, según ella, «cifra proviene del total de sus ingresos en su historia laboral».
Sin hacer realmente autocrítica sobre si ese mecanismo no le parece extraño a la luz de los acontecimientos, se justifica diciendo que ABA no tenía identidad jurídica como para tener cuenta propia, y que las contribuciones están bajo supervisión de una «comisión de finanzas» y se realizan bajo el «Código de la democracia».
La Fiscalía General ha abierto una investigación para esclarecer el origen de las contribuciones tras la denuncia del político Andrés Páez, del opositor CREO, por concusión y tráfico de influencias.
Vicuña expone que «atrás de cada calumnia hay un beneficiario» y que el exasambleísta tiene sus propios intereses para denunciarla y afirma que también el debería dar explicaciones porque «a él sí le depositaron supuestamente por error cerca de un millón de dólares».
A la denuncia se sumó ayer la Asamblea con una declaración en la que le pide su renuncia, una posibilidad que rechaza apelando a su derecho a la presunción de inocencia.
Para la vicepresidenta, que entró en funciones en octubre pasado cuando su predecesor, Jorge Glas, fue llevado a juicio por corrupción, su caso es un ejemplo claro de interesados que quieren despedazar la «institucionalidad» del país.
«Lo que importa más allá de uno u otro elemento, (de) dentro o fuera del Gobierno, es la imperiosa necesidad de fortalecer la institucionalidad, de avanzar en un proceso de democratización, de un combate frontal a la corrupción», dijo.
Sin mencionar nombres, destacó, no obstante, que tiene plena confianza en el presidente Moreno, con quien ha hablado por teléfono después de estallar el escándalo, e insiste en que le ha mostrado su confianza.
«Lo importante es lo que piensa el presidente y, como le dije, desde el primer día (me) confío una enorme responsabilidad», refirió al recordar que fue el mandatario quien puso en sus manos liderar la consulta popular celebrada en febrero y la función de la economía popular y solidaria.
Entre las conjeturas que se barajan en el aparato político ecuatoriano, está la coincidencia de que su caso haya estallado cuando Moreno realiza un nuevo reajuste ministerial con el supuesto objetivo de apartar los restos de correísmo que aún quedan en su Gobierno, corriente a la que algunos analistas y opositores aún vinculan a Vicuña.
La vicepresidenta aclara en ese sentido que su «cargo siempre estará a disposición del presidente hasta que goce de su confianza», si bien reitera que no renunciará voluntariamente ante lo que califica de un «chantaje» político.
Elías L. Benarroch, EFE