Conaie rechazan reformas a ley de comunicación

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó hoy las reformas a la ley de comunicación aprobadas por la Asamblea este martes, informó el presidente de la entidad indígena en un comunicado.

Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, la reforma sobre la repartición del espectro radioeléctrico, que contemplan las enmiendas a la ley de 2013, va contra los derechos de los pueblos indígenas y contra la democracia.

«La unificación de los medios públicos y privados al 66 % del espectro radioeléctrico es el paso inminente a la privatización«, precisa.

Y añade que la incorporación de la reforma para que los medios comunitarios lleguen hasta el 34 % «quita toda responsabilidad» del Estado a su obligación de crear nuevos medios de comunicación para las comunidades y organizaciones sociales.

«Es inaudito pensar que se haya recibido a cientos de organizaciones, al movimiento indígena, a los relatores de libertad de expresión de la ONU y CIDH en la Comisión de Derechos Colectivos para luego ceder a cambios que nunca se discutieron y advirtieron«, dijo Vargas sobre el proceso de consulta que celebraron el presidente y su jefe de comunicación, con todo tipo de organismos.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes las enmiendas propuestas por el mandatario Lenín Moreno con 75 votos a favor, con el fin de adaptar la Ley pasada por el entonces presidente Rafael Correa, que era descrita por medios privados y ONG como represora.

Moreno prometió al llegar al poder en mayo de 2017 que crearía una ley de acuerdo a los estándares internacionales y que garantice a la vez la libertad de prensa y la dignidad humana.

Entre las reformas que se introducirán a la llamada Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se encuentra la eliminación de la Superintendencia de Comunicaciones (Supercom), organismo creado bajo la ley de 2013.

Igualmente, se prevé la eliminación de códigos deontológicos, la prohibición de la censura previa para autoridades y funcionarios públicos o la supresión de la figura del linchamiento mediático, entre otras medidas para garantizar que la comunicación «sea un derecho y no un servicio público», detalló un comunicado de la Asamblea. EFE

(I)

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