La Jueza Ángela Muñoz, de un juzgado de la Familia de Quito, presidirá hoy una audiencia pública tras aceptar a trámite la Acción de Protección Constitucional en contra de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente para la construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja. El recurso fue solicitado por los abogados Xavier Flores Aguirre y Wladimir Tene Sotomayor.
Según la demanda, el Ministerio de Ambiente actuó con “una mínima diligencia en la protección de los derechos de la naturaleza”, cuando otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación del Puerto de Aguas Profundas a favor de la empresa DP World.
Los demandantes piden que se declare la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza, que se anule la licencia ambiental otorgada el 17 de noviembre del 2016 y que se suspenda la ejecución del proyecto en Posorja hasta que el Ministerio de Ambiente apruebe el nuevo de Estudio de Impacto Ambiental, además de que se tomen medidas para la protección y conservación del delfín nariz de botella.
Los denunciantes alegan que las colonias de delfines nariz de botella que habitan en el golfo de Guayaquil pueden desaparecer por la construcción del Puerto.
El acuerdo para la construcción del puerto de aguas profundas de Posorja se suscribió en junio de 2016 ente el titular de DP World y el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, antecesor de Moreno.