Los ministros del área económica de Ecuador hicieron este miércoles pedagogía del paquete de medidas anunciado en la víspera por el presidente, Lenín Moreno, entre las que destacan una reforma laboral y una propuesta para proteger la dolarización.
«Vamos a enviar un conjunto de leyes, entre otras, una que va a proteger la dolarización, y otra que incluye una reforma laboral que beneficiará a los trabajadores y empleadores«, subrayó hoy el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán.
Entre las medidas más urgentes y que entrarán en vigor a partir del jueves está la de la eliminación de los subsidios a la gasolina, que según especificó Roldán, en 40 años ese rubro ascendió a más de 60.000 millones de dólares, lo que calificó de «distorsión».
Y avanzó que con la decisión el país contará cada año con al menos 1.400 millones de dólares que se destinarán a vivienda, educación, salud y las personas más necesitadas.
En paralelo, especificó que el Gobierno durante tres años recaudará de las empresas con mayores beneficios un 0,1 por ciento a fin de financiar la seguridad.
Pero, sin duda, las medidas que más ampollas y suspicacias han despertado son las del ámbito laboral, entre las que figuran la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, o la aportación de estos de un día de salario al año.
Moreno argumentó la decisión en que «su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública«.
En ese sentido, el titular de Finanzas, Richard Martínez, explicó hoy que «en el tema de la masa salarial, la reducción del período de vacaciones no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos».
Precisó que las medidas incluyen asimismo la reducción del salario máximo en contratos ocasionales, de nombramiento o provisionales en el sector público, lo que otorgará al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial.
Mencionó la existencia de un cronograma de desvinculaciones (despidos) que el Gobierno pretende acometer el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales, a la que sumó la contribución de la jornada salarial de los empleados de empresas estatales.
«A las empresas públicas se les exigirá una reducción de gasto de 100 millones de dólares y en el caso de la Seguridad Social, de 50 millones de dólares«, enfatizó Martínez.
Sobre la reforma laboral que vislumbra el Ejecutivo de Moreno, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, resaltó que busca fomentar el emprendimiento, la simplificación en la contratación, en paralelo a la generación de empleo, «para dar respuesta al subempleo».
Interpelado acerca de si entraña la facilidad de despido, el responsable negó este extremo y puntualizó que busca, sobre todo, impulsar las contrataciones.
La propuesta incluirá «modalidades contractuales acordes a lo que vive el mundo«, nuevos permisos de paternidad, facilidades para adquirir herramientas tecnológicas, optimización de recursos o movilidad.
El paquete de medidas anunciadas responde a las necesidades de liquidez de Ecuador, que el pasado marzo obtuvo de diferentes organismos internacionales una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI, que aportó 4.200 millones, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que ha despertado la indignación de los sindicatos y sectores desfavorecidos, que han convocado este mes una movilización abierta en contra de las recientes decisiones gubernamentales. EFE