Moreno no quiere ser Macri

Gonzalo Orellana

Londres, Reino Unido

Finalmente pasó. Después de meses de anuncios y esperando hasta el último minuto, el gobierno decidió enviar a la Asamblea Nacional su paquete de reformas. Lo hace pues no se podía postergar más dado el acuerdo con el FMI y la necesidad de plantear el presupuesto 2020.

El retraso en el envió de dicho paquete plantea dos problemas. El primero es que los actores políticos en la Asamblea ya están empezando a mirar las próximas elecciones y por ende van a ser más egoístas en su decisión de apoyar dichas reformas. El segundo problema es que el retraso del envió hace más difícil al gobierno justificar la necesidad de tomar medidas impopulares producto de la irresponsabilidad del gobierno anterior. Como alternativa a estos problemas el gobierno anunció una serie de medidas que puede tomar sin necesidad de aprobación de la Asamblea como la eliminación de subsidios al diésel y a la gasolina, a la que me referiré más adelante.

La primera parte del paquete es una serie de reformas en el funcionamiento de Banco Central y en su independencia del gobierno. Este paquete es fundamental pues le dará más autonomía al Banco Central evitando que futuros gobiernos lo coopten como hizo el correísmo. La decisión de reemplazar al gerente del BCE por un consejo de miembros es una buena decisión que se asemeja al funcionamiento de otros bancos centrales en el mundo. Pero quizás la parte más importante de este paquete de reformas es el reducir la discrecionalidad del Ministerio de Economía en el gasto público.

Actualmente el gobierno puede gastar hasta un 15% más de lo aprobado por la Asamblea, lo que es ridículo. Por ejemplo si un gobierno aprueba un presupuesto que represente el 30% del PIB, puede terminar gastando hasta 35% del PIB, es decir la Asamblea aprueba déficit cero y el gobierno crea un déficit del 5%. Esto es exactamente lo que hizo el correismo y la razón por la cual el estado creció de manera extraordinaria. La reforma plantea reducir discrecionalidad del 15% al 5% de lo aprobado por la asamblea.

La segunda reforma que contiene el paquete es quizás la más urgente para el país. La reforma laboral es absolutamente necesaria y casi podríamos decir que se queda corta. El gobierno de Rafael Correa creó uno de los mercados laborales más rígidos y costosos de Latinoamérica, de ahí que, aun en años de crecimiento económico, el empleo crecía menos que la economía, y en años de estancamiento las cifras laborales se deterioran rápidamente. Un mercado laboral que funcione debe reflejar las necesidades de trabajadores y empleadores.

No todos quieren trabajar 40 horas semanales, hay gente que quiere trabajar medio tiempo o solo los fines de semana o solo durante los meses de vacaciones de la universidad. De la misma forma hay sectores de la economía que necesitan más gente durante ciertos meses porque se debe cosechar un producto, porque las ventas se incrementan o porque hay más turistas. El mercado laboral debe permitir que esas necesidades se encuentren, respetando los derechos laborales de los trabajadores.

Para evitar posibles manifestaciones sociales las reformas laborales propuestas por el presidente únicamente afectaran a futuros empleados. Los anuncios hechos ayer plantean la creación de un mercado laboral dual: uno rígido para los empleados actuales y uno más flexible para cualquier nueva contratación. Este tipo de separación existe en otros países pero no es la manera más eficiente de hacer reformas, aunque en cualquier caso el sector productivo apreciara la posibilidad de contratar con mayor flexibilidad a nuevos empleados.

La reforma tributaria presentada por el gobierno se enfoca más en bajadas de impuestos que en subidas, esto dado que todos los partidos políticos en la asamblea se habían manifestado en contra de apoyar subidas de impuestos. La noticia más importante es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, este impuesto que en la práctica era poner un piso al pago del impuesto a la renta al margen de los resultados de las empresas es profundamente distorsionante y tiene un impacto importante en la liquidez de las empresas, su eliminación es una buena noticia.

También son buenas noticias la reducción de aranceles para equipos tecnológicos e informáticos, así como para bienes de capital, así como la reducción del impuesto a la salida de divisas para ciertas actividades. Todos estos son impulsos a la producción altamente necesarios. También se propone mejorar el proceso de «drawback» de impuestos a los exportadores, una medida muy necesaria en un momento en que el dólar se encuentra en su punto más alto con respecto al resto de las monedas del mundo en años.

Existen también medidas para reducir el gasto público que seguramente serán celebradas por todos, la decisión de reducir salarios en empresas públicas, algunas de ellas solo genera pérdidas, así como la renovación de contratos ocasionales en el sector público con una reducción del 20% del salario. Pero sin duda la medida más importante es la eliminación de los subsidios a las gasolinas y el diésel, que viene acompañada de la liberación de la importación de estos derivados, acabando con un monopolio estatal de décadas.

El presidente correctamente afirmó que en Latinoamérica el único país con subsidios a la gasolina es Venezuela, que no es un ejemplo positivo en nada, en países considerablemente más pobres sus ciudadanos pagan el precio de mercado de la gasolina y en muchos países, todos los desarrollados por ejemplo, la gasolina en lugar de tener subsidios tienen impuestos. Los subsidios a los combustibles son fiscalmente caros, socialmente regresivos pues el subsidio es mayor para la gente más rica y medio ambientalmente absurdos pues incentivan a la contaminación ambiental.

Este incremento del precio de los combustibles va a tener dos impactos: el incremento del precio del transporte público y el encarecimiento de ciertas actividades productivas que utilizan el diésel. El gobierno ha planteado compensaciones parciales a ambas. En el caso del incremento del precio del transporte público su impacto en las familias más pobres se compensará con un incremento de 15 dólares al bono de desarrollo humano, al mismo tiempo que se incrementa el número de beneficiarios hasta llegar a 1.3 millones de familias, esto es cerca del 40% de la población del Ecuador. En el caso de las actividades productivas afectadas por el incremento del diésel, este incremento de los costos deberá compensarse con la reducción de aranceles, la eliminación del anticipo, los menores costos de contratación y el resto de medidas.

Las reformas económicas presentadas son en su mayoría correctas y necesarias, hay algunas de las que todavía falta conocer detalles y otras que quizás puedan cambiar en su paso por la asamblea. El principal problema con ellas es que son promovidas por un gobierno al que la falta manejo político y liderazgo. Sin embargo tanto la oposición política como los ciudadanos tienen que pensar dos cosas: si no se hacen las reformas hoy, el próximo presidente tendrá que hacerlas, lo que tendrá un costo político mayor para quien quiera que este sea. Del otro lado los ciudadanos deben pensar en que sin reformas la economía no puede volver a crecer. Los problemas que no se resuelven no desaparecen, solo empeoran. Macri lo demostró en Argentina y Moreno parece haberlo entendido.

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