El movimiento Revolución Ciudadana, afín al exgobernante Rafael Correa, agradeció este jueves al presidente Manuel López Obrador por la protección brindada a un grupo de partidarios, que se encontraban refugiados en la Embajada en Quito desde donde partieron hacia México.
En un comunicado, el movimiento detalló que, tras noventa días de permanencia en la legación diplomática, este jueves viajaron a México Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, Luis Molina, Edwin Jarrín, Tania Pauker y Luis Flores.
Especifica que el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana (RC) expresa su agradecimiento al Gobierno de López Obrador «por la protección internacional brindada durante este tiempo».
«México, fiel a su tradición diplomática, apegado a las normas del derecho internacional, hoy acoge a varios de nuestros militantes en su tierra», reza el comunicado.
Y asegura que durante más de dos años, la Revolución Ciudadana «ha sido víctima de una brutal persecución política por parte del Gobierno de Lenín Moreno que ha obligado a muchos compañeros y exfuncionarios a dejar su patria y a abandonar a sus familias».
Ninguno de los refugiados tiene orden de prisión en Ecuador, aunque la Fiscalía inició una investigación sobre la presunta participación de la legisladora Gabriela Rivadeneira en los hechos de violencia de octubre.
Además, acusa al Gobierno de presuntamente intentar «aniquilar políticamente e impedir» la participación democrática del movimiento político en las próximas elecciones, en las que se designará al sucesor de Moreno, que dejará el cargo en 2021.
A criterio del correísmo, al haber entregado el salvoconducto para el viaje de las personas mencionadas, «el Gobierno confirma que la Revolución Ciudadana no fue responsable de la violencia ocurrida durante las manifestaciones de octubre».
El comunicado lo difundieron horas después de que el canciller, José Valencia, confirmara que el grupo de opositores políticos del correísmo partió hacia México con el permiso del Gobierno de Moreno.
«Luego de las violentas jornadas de octubre, un grupo de militantes vinculado al movimiento RC ingresó a la embajada de México y solicitó asilo diplomático a ese país. El Gobierno de México informo días después que concedía el pedido», agregó.
Y precisó que el Gobierno de Ecuador ha revisado «conforme a derecho dicha concesión» y los tratados internacionales, estando seguro de que «la conspiración para atentar contra la democracia y lo hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso».
Junto a ello -abundó- y «siguiendo la línea de respeto a los instrumentos internacionales que han mantenido el Gobierno, esta semana se comunicó a la Embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos funcionarios salgan de Ecuador».
La ola de disturbios de la primera quincena de octubre se originó por la eliminación del subsidio a los carburantes por parte de Moreno -decreto luego derogado-.
Durante los disturbios, distintos grupos de izquierdas, sindicales y del movimiento indígena cortaron vías y carreteras, poniendo en jaque el abastecimiento en el país y protagonizando fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El Gobierno de Moreno denunció en su momento la actuación de interesados extranjeros y de grupos políticos afines a Correa (2007-2017), que supuestamente instigaron a la violencia, por lo que se iniciaron causas contra varios de sus representantes en el país.
A juicio del ministro, el viaje a México bajo autorización «evidencia una vez más (…) que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales competentes».
Y al rechazar las acusaciones de persecución, consideró que «Ecuador regresó al orden democrático y respeta plenamente el ordenamiento jurídico nacional y las responsabilidad derivadas del derecho internacional». EFE