Guayaquil, Ecuador
¿Sabían ustedes que el número de servidores públicos del Ecuador es mayor que el número del que a nivel estatal y local tiene el estado de Texas de los Estados Unidos (562 520) donde viven unos 30 millones de residentes? ¿Sabían ustedes que el número de burócratas en el Ecuador es prácticamente igual al del estado de Nueva York (623 362), un estado que tiene un producto interno bruto de casi 2 trillones de dólares?
Pero además de los números está el asunto de la eficiencia. En naciones como Singapur, por ejemplo, todos los servidores públicos –desde jueces, diplomáticos, visitadores sociales y maestros hasta médicos, enfermeros, oficinista y policías– están sujetos a una constante prueba de eficiencia y productividad de su trabajo. Esa es la clave para ingresar, permanecer y ascender en la función pública, la eficiencia. El ingreso exige meses de preparación. Las remuneraciones de la burocracia, incluyendo la del presidente y ministros, son bastante altas, y todos los funcionarios gozan de gran estima. La corrupción, tanto pública como privada, es reprimida con sanciones extremadamente severas. No es una coincidencia que Transparencia Internacional ubique a Singapur entre los diez países menos corruptos del planeta.
Eficiencia es un concepto muy mal recibido en nuestro país. Más nos gusta hablar y que nos hablen de derechos, solidaridad, justicia, interculturalidad, irrenunciabilidad o soberanía. Pero no de ser productivos, eficientes, competitivos, y menos de ser transparentes. La presente crisis del COVID-19 ha desnudado este grave vicio y aberración. Un Estado ineficiente no garantiza la vigencia de ningún derecho. Todo lo contrario, un Estado ineficiente constituye una gravísima violación de nuestros derechos, como lo hemos palpado en el caso de la salud pública.
La ineficiencia es el principal enemigo de la solidaridad, de la igualdad o de la justicia social. ¿O es que alguien cree que ser solidario o humanitario significa que más de trece millones de ecuatorianos tengan que pagar más de 9000 millones de dólares anuales a una gigantesca burocracia que no ha dado muestras de eficiencia? Con esos recursos ¿no debimos haber tenido una salud pública de lujo?
Por todo esto es que el país está desconcertado con el nuevo proyecto de ley que debate la Asamblea. ¿Cuánto y en qué ha gastado el Estado en salvar vidas por el COVID-19 hasta ahora? ¿Cuánto más calcula que necesitará? ¿Cuántos recursos financieros del exterior han llegado para dedicarlos a la crisis sanitaria? ¿Cuántos más se esperan obtener? ¿Cómo así se requieren más impuestos para atender la crisis sanitaria? ¿O tales fondos irán a otras cosas? ¿No sería mejor desmantelar la mafia que comercializa el petróleo vendido a Petrochina que clavar más impuestos? Nada de esto parece importar. En el informe de la comisión de la Asamblea se dice, entre otras sandeces, que los nuevos impuestos son necesarios debido a la evasión tributaria. Es decir, se crean impuestos para que paguen los que siempre pagan y así tapar el déficit creado por quienes los evaden. Increíble.
¿No ha llegado el momento de cambiar esto?