El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió este jueves a la Asamblea Nacional que elimine del borrador de la denominada Ley Humanitaria, promovida para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19, todo lo relacionado con contribuciones de ciudadanos y empresas.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario justificó su solicitud en que el objetivo de que pase la legislación, que es analizada esta semana en la Cámara parlamentaria ecuatoriana, es el de «salvar empleos, emprendimientos y empresas».
En ese sentido, Moreno argumentó su decisión en la intención de llegar a un consenso para sacar adelante la ley, que debe contar con el respaldo de la mayoría de los 137 asambleístas que la analizan.
«He pedido a los legisladores que nos respaldan, y ahora pido a la Asamblea de Ecuador, que eliminen de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos», reza uno de los tuits del dirigente ecuatoriano.
Sobre el peliagudo tema de las contribuciones, una medida anunciada por el presidente del Gobierno para que de manera solidaria personas y empresas contribuyeran para hacer frente a los estragos económicos por la pandemia, han arreciado las críticas.
Pero finalmente Moreno ha afirmado hoy que «los acuerdos entre deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, entre arrendatarios e inquilinos (…) son la mejor manera de enfrentar esta crisis».
El pleno de la Asamblea Nacional comenzó el miércoles el debate final, que debe concluir el viernes, sobre la legislación propuesta por el Gobierno y enviada al Legislativo a mediados de abril.
La Comisión de Desarrollo Económico preparó el informe sometido a discusión, que incluye una veintena de reformas que fueron incorporadas al texto inicial que envío el presidente Moreno.
Los representantes de bloques como los liberales CREO, que aglutina a 18 asambleístas, los socialcristianos PSC, con 14 integrantes, y el conservador SUMA con cuatro, han manifestado su oposición a la propuesta al considerarla impositiva.
La propia alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, expresó su rechazo a que la ciudad, la más golpeada por el coronavirus en el país, tuviera que pagar una contribución al Estado para paliar los estragos de la pandemia. EFE