Guayaquil, Ecuador
La ministra fiscal ¿hasta dónde llegará? ¿Cuánto tiempo más durará en su cargo? ¿Hasta cuándo la clase política la va a tolerar? ¿En qué momento comenzarán los ataques, las insidias, las demandas en su contra? Los anticuerpos de las mafias que nos gobiernan son harto conocidos cuando por allí salen personajes como la Dra. Diana Salazar. Que se ha politizado, que no respeta la independencia judicial, que por qué no investiga a tal o cual personaje y que porqué solo lo hace con otros, que busca ser candidata a la Presidencia, que está siendo utilizada, que por qué no impulsa tal o cual causa y cosas parecidas.
¿En qué momento no comenzará ese corifeo de “juristas” a cuestionarla en nombre de los derechos humanos, del neoconstitucionalismo, de Ferrajoli o Jackobs? ¿Qué va a pasar cuando la fiscal penetre en terrenos más agrestes, complejos y explosivos, en esos donde la corrupción se mide por miles de millones y los actores sean miembros de las élites políticas y económicas que se creen intocables?
Cuando un país por más de una década ha tenido como contralor general a un sujeto que se jactaba de recibir coimas al contado, es que entonces el robo debió ser desaforado en la contratación pública y a todos los niveles. Por eso es por lo que basta apretar un poquito nomás para que salte el pus. Ello, curiosamente, hace más complicado el trabajo de la fiscal, pues el tamaño de la corrupción en nuestro país es gigantesco, tan grande que se necesita una solidez institucional, un equipo humano y un soporte tecnológico del que la Fiscalía lamentablemente carece. Esto no es una coincidencia. A las mafias que nos gobiernan lo último que les interesa es tener una Fiscalía autónoma, profesionalizada y con un gran presupuesto.
En buena medida la firmeza que ha exhibido la fiscal general en los últimos días se debe al apoyo que ha recibido de la ministra de Gobierno y Policía. Sin embargo, esta es una situación que debe cambiar a través de una profunda reforma. El éxito de la Fiscalía General en sus tareas no puede depender de la buena voluntad del ministro de Gobierno de turno. A diferencia de otras naciones, la Fiscalía ecuatoriana no cuenta con un equipo propio de agentes armados, patrulleros y demás infraestructura. Mucho de su trabajo depende del apoyo que le dé la Policía Nacional, que no es una institución autónoma como es el caso del FBI, sino que a su vez depende del Ejecutivo, y en concreto del ministro de Gobierno.
Ese cordón umbilical entre la Fiscalía y el ministro encargado de la política ha sido históricamente un serio obstáculo para enfrentar la corrupción política en el Ecuador. Si hoy hay una saludable confluencia entre las cabezas de ambos organismos, la fortaleza institucional de la Fiscalía no puede depender de esa confluencia que mañana puede esfumarse. Otra reforma debe ser sacar a la Fiscalía del tutelaje del Consejo de la Judicatura y dotarla de poderes especiales para enfrentar delitos de enorme impacto social y complejidad como son la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, la delincuencia organizada y los delitos económicos, tal como sucede en otros países.
Y pensar que todo lo que ha hecho la doctora Diana Salazar es simplemente cumplir con la ley.