Guayaquil, Ecuador
La consulta popular que promueve el Comité para la Institucionalización de la Democracia, una organización ciudadana sin vínculos partidistas, comienza a tomar forma con el apoyo de unos 300 000 ciudadanos. Lo que busca dicho comité es llevar a referéndum un proyecto de tres reformas constitucionales que tendrán un importante impacto institucional.
La primera consistiría en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dejando que sus actuales funciones continúen siendo ejercidas por otros organismos. Habría así un ahorro importante de fondos públicos.
La otra reforma incluye la transformación completa de la Asamblea Nacional –el epicentro de nuestro sistema político y fuente de enormes frustraciones–. La reforma implicaría, entre otras cosas, una reducción significativa de asambleístas –de haber estado vigente esta reforma en 2016 hoy hubiésemos tenido una Asamblea de 109 y no de 137 legisladores– y la reasignación de sus atribuciones en dos cámaras en vez de que una sola concentre todas, como sucede ahora; una situación que ha convertido a la Asamblea en un órgano extremadamente ineficiente y fragmentado.
Y la tercera reforma consiste en dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General para que no dependa más del Consejo Nacional de la Judicatura, lo cual constituye un paso esencial, aunque no suficiente, para defender institucionalmente a un órgano al que buena parte de nuestra clase política nunca ha mostrado interés en fortalecerlo; un desinterés que hoy el país ha comenzado a entender el porqué.
No ha sido fácil para el mencionado llevar adelante este proceso. Debe tenerse en cuenta que esta sería la primera consulta popular que teniendo por objeto una reforma constitucional, ella nace desde la ciudadanía, es decir, sin el auspicio de ningún partido político, lo que no implica desmerecer las iniciativas de consulta popular que ellos puedan tener.
Esta falta de respaldo gubernamental o político implicó trabajar con escasos recursos y una limitada infraestructura. Se tuvo que superar, además, la animadversión de la burocracia del Consejo Nacional Electoral, tan pronta a aprobar movimientos políticos de corruptos últimamente, pero tan hostil cuando se trata de aprobar las iniciativas ciudadanas. Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, que si bien objetó ciertos artículos del proyecto lo aprobó en su conjunto, y el respaldo, como señalé antes, de unos 300 000 ciudadanos, la propuesta está hoy en la Asamblea Nacional simplemente para su conocimiento en dos debates, según el trámite constitucional. Luego de lo cual el proyecto estaría ad portas de ser votado junto con las próximas elecciones.
A los miles de ciudadanos que apoyaron la propuesta les quedó claro que esta consulta no busca favorecer a algún político o partido en las elecciones presidenciales del año venidero. Es más, una de sus reformas –la relacionada con la Asamblea– no entraría en vigor inmediatamente. Esto puede parecerle absurdo a muchos políticos, tan acostumbrados como están a ver al país únicamente en términos de las próximas elecciones y no de las próximas generaciones. Una visión inmediatista que no es compartida por una sociedad que está harta de un sistema político ebrio de corrupción, fracasos y mentiras.