Guayaquil, Ecuador
El proceso penal contra el jefe de la mafia correísta entra en su etapa final. Junto a él han sido ya sentenciados en dos instancias algunos de sus más íntimos colaboradores así como una serie de empresarios privados tan corruptos como ellos. Todas las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho de defensa, han sido respetadas, algo que jamás hizo el correísmo con respecto a los políticos, ciudadanos y periodistas que persiguió. El país deberá estar atento al corto camino que falta para que culmine este juicio tanto por su trascendencia social como por el poder que esta mafia aún mantiene en las apolilladas instituciones del país; poder oculto y nebuloso pero real y que constituye, sin duda, una amenaza a la integridad de la justicia.
(El caso del Consejo Nacional Electoral, donde una mayoría trabaja incansablemente para que esta banda de asaltantes mantenga su presencia política es apenas un ejemplo de los muchos). Y es que resulta comprensible que haya gente que aún guarde simpatías por el capo di tutti capi. Muchos de ellos levantaron pequeñas y grandes fortunas bajo su dictadura: empresarios, burócratas, políticos, pelucones, seudointelectuales y seudo líderes sociales, todos robaron en mayor o menor escala. Buena parte de la sociedad ecuatoriana y una generación terminó siendo sobornada y corrompida, incluyendo a jóvenes y periodistas que optaron por callar por miedo o conveniencia. Cómo habrá sido de nefasta esta influencia que a esta gente le pareció normal robar medicinas en plena pandemia.
El caso Sobornos 2012-2016 ha sido posible gracias a la fiscal general, Dra. Diana Salazar. Cierto es que mucho se le debe al periodismo de investigación, y en especial a Fernando Villavicencio, pero sin la decisión y entereza de la fiscal general y su equipo de asesores, el proceso no habría llegado a donde hoy ha llegado. La aplicación de la figura de la autoría mediata tiene una enorme trascendencia jurídica en la lucha contra la corrupción no solo en el Ecuador, sino en América Latina.
La tesis de que para condenar a alguien por cohecho se necesitaba prácticamente la confesión de los acusados o una foto suya delante de un notario en la que aparezcan recibiendo la coima, fue finalmente abandonada. Gracias a semejante absurdo jurídico –impensable en otras naciones–, las arcas fiscales del Ecuador fueron asaltadas una y otra vez a lo largo de su historia. No es una coincidencia que la gran defensa de esta mafia sea decir que ‘yo no firmé los contratos’, ‘yo no recibí el dinero’ y cosas por el estilo. Y lo único que ha hecho la Dra. Salazar es cumplir con la ley y con el cargo para el que fue designada, sin alardes o arrogancias.
Lo que los tres jueces de la Corte Nacional van a juzgar no es entonces un caso penal simplemente, sino algo más; algo que trascenderá las paredes del salón donde dictarán su veredicto. Lo que se va a juzgar en realidad es a la sociedad ecuatoriana, que ha tolerado por décadas que la política se convierta en un lodazal, condenándose ella misma de esta forma a un estancamiento económico y social impresionante. Una sociedad donde pocos políticos y empresarios pueden explicar el origen de sus pertenencias, mansiones y tren de vida. Ya era hora de que esto cambie. (O)