Guayaquil, Ecuador
La Fiscalía, luego de una vasta investigación, acusa a un individuo de robarse fondos públicos. El acusado se defiende en el juicio, pero al final el tribunal lo declara culpable. El acusado apela esa sentencia. Para ello, un segundo tribunal revisa el primer juicio y analiza los argumentos del acusado, pero termina confirmando su condena. ¿Es aceptable considerarlo “inocente” a este sujeto por el hecho de que él ha iniciado un proceso para anular su condena, el que aún no concluye? Parece increíble, pero hay quienes sostienen que ese individuo es tan inocente como la mayoría de los ecuatorianos de vida honesta. ¿Puede alguien con elementales conocimientos jurídicos creer que una persona condenada por secuestro, asesinato o abuso sexual tiene, a los ojos de la Constitución, iguales derechos que los demás ciudadanos para presentarse como candidato a una elección? ¿Podemos aceptar que la razón para semejante necedad es que aún está pendiente una apelación o, peor aún, que todavía no termina el nuevo juicio (casación) mediante el cual el ya sentenciado trata de anular su condena? ¿Puede aceptarse que mientras no concluya la apelación o el nuevo proceso de casación –que puede demorar meses o años– esa persona pueda tranquilamente ser asambleísta, ministro o presidente, a pesar del irreparable daño moral que esto provoque a la sociedad? ¿Está el derecho de participación de los ciudadanos por encima del derecho de la sociedad de tener un sistema político libre de corrupción? ¿Es el derecho a participar un derecho absoluto, tanto que la sociedad debe resignarse ante él? ¿Puede la presunción de inocencia de un sujeto –admitiendo que la tenga después de ser condenado inclusive en dos instancias– estar por encima de los intereses de la sociedad? ¿Qué es lo que garantiza, entonces, una Constitución?
Estas preguntas serían innecesarias si tuviésemos algo de dignidad y tomásemos en serio a nuestro país y a nosotros mismos. Es un espectáculo vulgar, ciertamente, ver cómo participan alegremente en una contienda electoral individuos que han sido glosados por la Contraloría, acusados de delitos, por la Fiscalía, demandados por la Procuraduría por daños, evasores de impuestos, condenados penalmente y hasta encarcelados, gracias a que se los presume aún inocentes, y ver cómo a ellos se juntan decenas de otros individuos igualmente mediocres sin mérito alguno que no sea su avidez de figuración y dinero, y verlos llevarse millones de dólares para financiar o su vanidad o su impunidad. ¿En eso consiste la democracia? ¿No hay en todo esto una brutal bofetada y falta de respeto a los ecuatorianos?
El politólogo italiano Giovanni Orsina dedica su reciente libro La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Marsilio Editori, Venezia. 2018) a examinar, bajo la óptica de pensadores como Tocqueville y Ortega y Gasset, aberraciones como la mencionada antes y que están corroyendo las democracias. Un análisis de las tensiones internas del proyecto democrático cuyas promesas paradisiacas de libertades y autosatisfacción lo llevan a su destrucción de la mano de demagogos, corruptos y, por supuesto, de narcisistas. Parece que la mayoría de nuestra dirigencia está empeñada en sepultarse a sí misma y con ella al resto de nosotros. (O)