Guayaquil, Ecuador
Para darle un toque de sorpresa y para aprovechar la atención del inmenso público que estaba a la expectativa de la audiencia de casación, Rafael Correa, desde Bélgica, vía telemática se conectó a dicha audiencia e intervino unos minutos, lo que no había ocurrido ni durante el juicio ni en la apelación de la sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016.
En su breve intervención, Correa manifestó: “Yo no conozco a Odebrecht, no conozco a nadie. Nunca me reuní con Odebrecht, nunca. No me gustaba esa empresa por los abusos que había cometido”. Luego acotó: “Jamás he recibido ni he permitido un soborno”, calificó al proceso judicial en su contra como un «gran montaje»; preguntó: ¿Quién puede creer que entre el 2012 y el 2016 existió una organización criminal para recibir sobornos?
Recordemos que Rafael Correa durante su mandato, en 2008, expulsó del país a la compañía Odebrecht, pero aplicando el “perdón y olvido”, permitió su retorno en 2010. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa brasileña Odebrecht pagó coimas en 12 países, la mayoría de América Latina, para obtener beneficios en contrataciones públicas; en dicha lista estaba nuestro país. Según las autoridades norteamericanas, Odebrecht pagó sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y 2016.
Para concluir su breve intervención; como siempre, con todo el cinismo y sin ruborizarse Correa dijo: “Es una persecución política, y por perseguirme a mí están destruyendo gente inocente, están destruyendo familias” y como quien no dice nada, sentenció: “Están destruyendo la patria”.
Con la obcecación y “con esa facilidad congénita que tiene para ignorar las reglas”, Correa pretende inscribir su candidatura para vicepresidente, desconociendo deliberadamente el Artículo 9 del Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, referido a la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular: «es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas tratándose de dignidades nacionales; en Delegaciones Provinciales Electorales, para el caso de dignidades a nivel local; y, en las oficinas consulares en el exterior, para la dignidad de asambleístas en el exterior”.
Esta disposición reglamentaria se creó en 2012, durante la presidencia de Domingo Paredes y los consejeros Pablo Pozo, Nubia Villacís, Roxana Silva y Paúl Salazar en el CNE, todos ellos cercanos a Rafael Correa.
A las claras dicho reglamente tenía la dedicatoria para que Abdalá Bucaram no pueda intervenir en las elecciones de 2013; a la sazón, Correa declaró: »Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas. Y ojalá salga rápido, para que todas las tonterías que escribe a través de Twitter me las venga a decir frontalmente» y agregó: »El único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad».
Por último, en noviembre de 2012, en base al reglamento señalado, Correa dijo: «Él (Bucaram) tiene orden de prisión, por eso está fugado (…) Le han querido inscribir, pero saben que va a ser descalificada su candidatura. Tiene que estar presente”.
Recordemos la metáfora “por la boca cae el pez”, que consiste “en el peligro a abrir la boca, es decir, tanto el pez, que abre la boca cuando ve el anzuelo al que se engancha, como la persona, que abre la boca para hablar demasiado y así se pone ridícula, es víctima de su propia estupidez”.