Quito, Ecuador
Una de las ideas centrales de la izquierda es la idea del cambio social como revolución, es decir, como un cambio radical que solo puede lograrse a través de la violencia.
Como el tiempo de las revoluciones armadas ya pasó, la izquierda ha tenido que conformarse con una versión más atenuada del cambio revolucionario: la refundación. Refundar significa comenzar de nuevo y comenzar de nuevo equivale a poner arriba lo que está abajo, abajo lo que está arriba, y los pies en el lugar de la cabeza.
En Ecuador, durante el “correísmo”, la idea de refundación se plasmó en la llamada “revolución ciudadana”, cuyo eslogan fue: “ya tenemos Patria”. Como resultado de la “revolución ciudadana”, de la refundación del país, quienes tenían aptitudes para el delito terminaron gobernándolo.
Con sus últimas declaraciones, Yaku Pérez demostró seguir la línea refundadora del “correísmo” y de su contrincante en la Conaie, Leonidas Iza: el extremista visible de la pareja.
De acuerdo con una noticia del sitio La República, del 2 de septiembre de 2020, en una reunión, en Azuay, con la Confederación de Pueblos Kichwa del Ecuador, Pérez propuso “reducir el número de asambleístas por lo menos a la mitad: podría ser uno por provincia, más la fracción de uno más por cada quinientos mil habitantes. ¿Para qué tanto asambleísta? ¿Para qué tanto vago? Y encima de eso, asambleístas ganando tanto dinero cuando nuestro pueblo solo tiene 406 dólares, que es el salario básico unificado. Hay que cambiar eso (…) Y hay que cambiar también a los jueces: a los de la Corte Nacional, a los de la Corte Constitucional. La Fiscalía General (…). Pero hay que eliminar una serie de instituciones que se han convertido en becas para unos vagos”.
Como puede observarse, los cambios institucionales que propone Pérez se refieren a las tareas de legislación, administración de justicia y control constitucional, y se resumen en lo siguiente: disminuir el número de asambleístas y sustituir a los actuales jueces por otros, como si el mejoramiento de la función pública dependiera del simple cambio de personas. Un cambio, por lo demás, que tal como lo plantea Pérez, solo podría hacerse violando la ley vigente o recurriendo a procedimientos plebiscitarios, tan usados por los políticos autoritarios para legitimar sus ataques al Estado de derecho.
Una idea semejante, y cuyos efectos principales fueron la persecución política y la impunidad de funcionarios corruptos, la llevó a la práctica Rafael Correa. Quien, a propósito de la Consulta Popular de 2011, promovida por su gobierno, dijo: “Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano (…) Tenemos que cambiar el sistema de justicia, compatriotas” (Diario El Universo, 9 de enero de 2011).
El cambio total que Pérez Guartambel propone, en el caso de la Corte Constitucional, tiene como antecedente la negativa de este organismo a dar paso a la consulta popular, por él planteada, sobre la prohibición de la minería y la cancelación de las concesiones mineras en la provincia del Azuay.
¿Revanchismo? Sí. Y no solo eso. Al parecer, el candidato de Pachakutik comparte con Correa la idea de que las decisiones de las instituciones del Estado son válidas solo si se alinean con el punto de vista de quien gobierna o aspira a gobernar. Por la misma razón, no hay duda de que a Pérez la independencia de poderes le incomoda. Sonríe mucho el candidato, pero no le gusta que le contradigan.
Ecuador, dicen, está viviendo la peor crisis económica de su historia. Y frente a ella, Pérez propone reducir a la mitad el número de asambleístas, y, por la comparación que hace entre los sueldos de estos y los de los trabajadores, se pensaría que no le faltan ganas de rebajar el sueldo de los legisladores al mínimo vital. Aunque, si fuera consecuente con sus ideas, debería proponer que no se les pague nada, al fin y al cabo, legislar es un oficio de vagos.
Se trata, claro está, de un alarde propagandístico. ¿La gente no ve bien a los asambleístas? Carguemos contra ellos. Pero, ¿cuál sería el impacto real de una medida como esta en la solución de los problemas económicos del país? Ninguna. Y la idea de igualación de salarios, igualación hacia abajo, es, en la práctica, inaplicable. No sería extraño, de otro lado, que, como los economistas neoliberales a los que critica, considere que los empleados públicos ganan demasiado y que, por tanto, hay que reducirles el sueldo. En política, como en otras esferas de la vida, los extremos se tocan.
Durante la revuelta de octubre de 2019, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, calificó de vagos a los ministros de Lenín Moreno y pidió la destitución de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y del ministro de defensa, Oswaldo Jarrín. La propuesta de Pérez, en este sentido, sugiere que un gobierno por él presidido será una prolongación de la revuelta de octubre, es decir, de los métodos y la ideología del extremismo de izquierda.
La afirmación de que ciertas instituciones se han convertido en “becas para vagos”, que, en principio, parece ser una crítica al clientelismo político y al “piponazgo”, que tanto crecieron durante la “revolución ciudadana”, es, si se sabe leer entre líneas, un velado ataque a la burocracia como expresión máxima de las diferencias entre la ciudad y el campo: todos los campesinos son trabajadores, mientras que los burócratas, es decir, los citadinos, son vagos.
Octubre, no lo olvidemos, fue la culminación de un conflicto campo-ciudad azuzado por los dirigentes indígenas y de la izquierda radical, especialmente, del sector de tendencia maoísta-senderista liderado por Leonidas Iza.
“Por el bien del pueblo”, dijo Correa, cuando se tomó por asalto la justicia ecuatoriana. Entendemos que las propuestas de Pérez Guartambel están encaminadas, también, a conseguir el “bien del pueblo”.