Guayaquil, Ecuador
Otra barbaridad -del proyecto de ley dirigido a reformar el régimen de las empresas públicas, enviado el 8 de septiembre por el presidente Moreno a la Asamblea- es pretender que el actual control, de la Contraloría General del Estado a los recursos públicos con que estas cuentan, se haga solo mediante “auditorías financieras externas” (art. 7). Se privaría en esa forma al entre de control de la dirección que hoy tiene de las unidades de auditoría interna de todas las empresas públicas, que son las encargadas de realizar el “control previo y concurrente” de los actos de estas (Ley de Empresas Públicas, art. 47), pues de hecho lo que en verdad se propone es eliminar tales auditorías internas.
Y como bálsamo engañabobos, con el mismo pretexto usado para la ofensiva propuesta de liberarlas, para sus contrataciones, del régimen de la Ley de Contratación Pública -“equiparar la gestión de las sociedades mercantiles privadas con las empresas públicas, para que las mismas puedan desarrollar sus actividades de manera competitiva y sometidas (con las debidas excepciones) al mismo marco regulatorio y de control” (exposición de motivos, p. 3)- se plantea que, en lugar de las auditorías internas, las “actividades empresariales” de las empresas públicas estén sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías (art. 7).
Linda la cosa. Si la Superintendencia de Compañías se muestra hoy (por lo menos) incapaz de ejercer las funciones que ya tiene asignadas –o vamos a olvidar los recientes fraudes en el mercado de valores, con facturas simuladas entre empresas vinculadas, intervenidas y desintervenidas para que, no es broma, emitan obligaciones-, es (también por lo menos) broma de mal gusto siquiera proponer que dicha entidad pase a vigilar y controlar las “actividades empresariales” de todas las empresas públicas.
Quitar controles internos, sumado a liberar las reglas para la elección de contratistas de las empresas públicas en lugar de reforzarlas, son mensajes claramente en contravía de la lucha contra la corrupción, rampante y ofensiva.