Guayaquil, Ecuador
Con la sentencia del caso Sobornos ya son varias las resoluciones judiciales proferidas en casos de corrupción que mandan a pagar indemnizaciones. Si bien era comprensible que algunas firmas internacionales especializadas en ubicar y aprehender activos mal habidos mostrasen cierta resistencia a asumir esa tarea con respecto de personas que todavía estaban siendo procesadas, la situación ha cambiado una vez que hay sentencias definitivas.
Sentencias en las que, entre otras cosas, ordenan pagos a título de reparación. Igual cosa puede decirse de la cooperación entre Gobiernos e inclusive de políticas anticorrupción de algunos de ellos. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está encargado de implementar la Kleptocracy Asset Recovery Initiative, a través de su División de Lavado de Dinero, que busca enviar a sus países de origen dineros producto de corrupción. Esta y otras alternativas pueden ahora explorarse. Ya uno de los sentenciados del caso Sobornos ha declarado a un medio internacional, a modo de justificación de su tren de vida en Europa, que es consultor económico de Nicolás Maduro, aclarando que por los servicios que él presta al dictador Maduro otros economistas cobrarían $20 millones. Es decir, que tiene suficiente dinero para pagar la indemnización ordenada por la Corte Nacional.
Los sentenciados recientemente han emprendido una feroz campaña en contra de las decisiones judiciales. Dicen que la fiscal general y los jueces violaron sus derechos al debido proceso, incluyendo el derecho de defensa. Y advierten que irán a cortes internacionales. Vaya cosa.
¿Puede alguien con un mínimo de sensatez creer que una corte internacional va a declarar que los derechos humanos de estos señores fueron violados porque el juicio que los condenó duró un año como alegan? ¿Cuánto querían que dure? ¿5 años, 10 años? O porque dicen que fueron acusados de un delito pero sentenciados por una modalidad de él.
Si quieren saber lo que es violar el debido proceso y atropellar el derecho a la defensa en una forma tal que constituye una infracción de los tratados internacionales de derechos humanos, deberían preguntarle al exasambleísta Galo Lara. Él sabe bastante sobre lo que es violación del debido proceso, hasta les podría dictar un seminario. O deberían preguntarle al periodista Villavicencio o a las víctimas del 30-S o al Sr. Fidel Araujo o al periodista Calderón o al exasambleísta Jiménez o al joven aquel de 19 años condenado en Manabí a 9 años por acusación de robarse un celular.
Todos ellos seguramente podrían iluminarlos sobre lo que significa violación de derechos humanos. ¿O es que acaso a la jueza Camacho o a los otros magistrados se les entregó por la noche un pen drive con las sentencias ya escritas para que simplemente las imprimieran y firmaran al día siguiente? Que no les guste la sentencia es natural, pero frivolizar a los derechos humanos parece una insensatez.
Cierto es que las indemnizaciones ordenadas cubren una pequeñísima parte de los miles de millones que ha perdido el país. Pero que al menos paguen eso. Que dinero tienen. ¿Y las empresas involucradas en la trama de sobornos van a seguir siendo contratadas por el sector público como si nada? Premiar a estas empresas sería una burla a la ciudadanía.