Guayaquil, Ecuador
La Función Electoral, a través de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, aprobada en 2009, garantiza el ejercicio de los derechos de los partidos y movimientos políticos a participar en los procesos lectorales del país, que están regulados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Hasta el momento, en Ecuador existen alrededor de 280 organizaciones políticas, entre movimientos y partidos, a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquiales; es un número excesivo de organizaciones políticas que no garantizan un verdadero ejercicio de la democracia porque surgen cacicazgos y aventureros que se adhieren al mejor postor; además, aparecen candidatos sin partidos ni movimientos políticos que quieren terciar en las elecciones; para poder cumplir con el requisitos de ser auspiciados por una organización política, tienen a su disposición partidos y movimientos políticos debidamente aprobados por el CNE, que están a la venta.
Está dispersión es inédita en la vida política de nuestro país, se debería volver a tener solo partidos políticos a nivel nacional; pero verdaderos partidos, no maquinarias electoreras que se activan cuando se avecinan las elecciones y son manejadas por sus respectivos dueños. Una democracia se fortalece con partidos ideológicos bien estructurados, con líderes auténticos que preparen y formen nuevos líderes, para que tomen la posta en el momento que sea necesario; de esa forma candidaticen a los más notables y no a los más notorios. En estas organizaciones políticas, cuando no dependen de una sola persona, las decisiones son tomadas democráticamente y no solo por el caudillo de turno. En los partidos y movimientos políticos donde manda y decide el caudillo, cuando por algún motivo este se retira, desparece o abandona a su militancia, la organización queda descabezada.
Para devolverle la confianza al país, hay que eliminar esos dos mamotretos: la Constitución de 2008 y el Código de la Democracia, hechos a la medida de la voluntad omnímoda de Correa. Para elaborar una nueva constitución que garantice las aspiraciones de la mayoría del pueblo ecuatoriano, basta un pequeño grupo de juristas bien escogidos, de reconocida solvencia moral y profesional que preparen una nueva Constitución y una nueva Ley de Partidos y que se convoque a un referéndum para que sean aprobados por el pueblo. El aforismo jurídico dice: “las cosas se deshacen como se hacen”. La Constitución que nos rige fue elaborada por los asambleístas de la Constituyente de Montecristi y aprobada por el pueblo a través de un referéndum; igual, la nueva Constitución elaborada por patriotas doctos, sería puesta a consideración del pueblo a través de una consulta.
El Estado requiere de una reestructuración y una reingeniería a fondo, política, económica y social; no es posible que existan instituciones que significan un lastre para el erario nacional, por ejemplo, las 23 prefecturas que le cuesta al país USD 830 millones anuales.
El pueblo clama por trabajo, que le garanticen un buen sistema de salud, educación, seguridad y que dejen de saquear al país. El resto llega por añadidura, si nos gobierna un estadista honesto y patriota.
En nuestras manos está el futuro de nuestra atribulada patria. Vivimos en un país maravilloso, no hipotequemos el futuro de nuestros hijos, elijamos bien.