El juez de Garantías Penales de Guayaquil, Vicente Guillén, dictó orden de prisión preventiva y arresto domiciliario contra un supuesto pastor y dos miembros más de una congregación religiosa por el presunto delito de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral contra menores de edad.
Los procesados que responden a los nombres de Evert Dick García Salamar (pastor), Evelyn Magdalena Intriago Cedeño y Maribel de Lourdes Ordeñana Mora (integrantes) operaban en los cantones Guayaquil y Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas; y, Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.
Los tres fueron detenidos en un operativo de allanamiento realizado ayer 7 de octubre por parte de la Fiscalía, junto a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).
La denuncia contra los procesados la presentaron los familiares de las víctimas, por el presunto delito de secuestro, pero tras las investigaciones de la Físcalía en coordinación con la UNASE y la Policía Judicial determinaron la existencia de los presuntos delitos de abuso sexual y explotación laboral.
«Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias, ubicadas en Guayaquil (en la cooperativa Assad Bucaram en la parroquia Pascuales) y en Buena Fe (Los Ríos), donde las obligaban a cumplir con trabajos forzados de índole doméstico y explotándolas laboralmente, para después de cierto tiempo –y una vez ganada su confianza– proceder a abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad«, informa la Fiscalía.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal presentó como elementos de convicción: los informes investigativos y de seguimiento a los investigados, y los vehículos utilizados por los mismos; los informes de reconocimientos y exámenes médicos practicados a las víctimas menores de edad, que demostraron las lesiones de índole sexual causadas; las versiones de las afectadas; y, las denuncias de sus familias.
Según la Fiscalía, una de las víctimas habría abortado producto del continuo abuso sexual al que era sometida.
Víctor Balcázar, abogado de las víctimas, se opuso a que a uno de los involucrados, Maribel Ordeñana, se le dictara medida cautelar de arresto domiciliario, puesto que las víctimas fueron ultrajadas, vejadas y las tenían amenazadas.
El juez también emitió boletas de auxilio y medidas de protección a favor de las víctimas, como la prohibición a los procesados de ejercer actos de intimidación por ellos mismo o por medio de terceros en su contra.