La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó sus pruebas de descargo, vía telemática, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dentro del juicio político que se le sigue por supuesto incumplimiento de funciones durante las violentas manifestaciones indígenas de octubre de 2019. La sesión duró cinco horas.
Romo, que intervino desde la Presidencia de la República, acompañada del alto mando de la Policía Nacional, defendió las acciones de la fuerza pública. «La Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019», argumentó.
Aseguró que el Gobierno reconoce el derecho a la protesta en democracia, pero afirmó que en octubre del año pasado hubo una multiplicidad de actores, desde quienes sí demostraron un malestar por las medidas económicas, hasta quienes «buscaban subvertir el orden, crear el caos, con acciones de violencia organizada», según declaraciones reproducidas en un comunicado del parlamento.
Las protestas de 2019 se originaron tras un decreto presidencial que anulaba subsidios a las gasolinas (que cuestan dos mil millones de dólares) en un afán por reducir el déficit de cinco mil millones de dólares que afecta al fisco y que derivaron en un parón nacional con decenas de miles de manifestantes en las calles y carreteras del país.
«No es correcto hablar de los hechos de octubre como si hubiera sido igual a lo que ocurre en un día cualquiera. La Policía respondió a la violencia y el caos que se produjo en el país», dijo.
BOMBAS LACRIMÓGENAS CADUCADAS
Preguntada sobre el uso de bombas lacrimógenas supuestamente caducadas, presentó un certificado de vida útil de una empresa en la que se manifestó que el uso del producto después de 5 años no causa daños a la salud.
Los interpelantes tuvieron argumentos contradictorios. La correísta Amapola Naranjo argumentío que los efectos de las bombas lacrimógenas caducadas son altamente tóxicas y nocivas para la salud humana y dijo que eran suficientes «para matar a un humano en cuestión de minutos». Roberto Gómez, exmilitante de CREO, señaló por el contrario las bombas caducadas pierden toxicidad, por lo que, al no servir para dispersar a los manitestantes, «se puso en riesgo la integridad de los policías».
Romo reconoció que se usaron bombas lacrimógenas caducadas en un contexto en el que la violencia superó las capacidades de la Policía. Argumentó que había un golpe de Estado en marcha y grupos violentos que con armas de fabricación casera sembraban el terror e incendiaban Quito; y que en esas circunstancias se debió tomar decisiones: permitir que los violentos acaben con la democracia o utilizar armas letales. «Pero que quede claro, nadie perdió su ojo porque una bomba no funcionó. Algunos perdieron sus ojos porque manifestantes violentos lanzaron objetos contundentes. Nadie fue secuestrado porque una bomba no funcionó, fueron secuestrados porque alguien decidió secuestrar policías o periodistas«.
BOMBAS LACRIMÓGENAS EN «CENTROS DE PAZ»
Sobre el lanzamiento de bombas lacrímogenas en los alrededores de las universidades donde se refugiaban los manifestantes violentos, convertidas en «centro de paz y acogida humanitaria», respondió que los interpelantes confunden los términos del derecho de guerra y pretenden asimilar el uso de material disuasivo con un ataque o bombardeo, lo cual no ocurrió, asegura.
Romo dijo que nunca ordenó lanzar bombas en las universidades donde se refugiaban los manifestantes, y que en el primer día de los hechos violentos en una persecución una bomba cayó cerca del sitio donde dormían. «Ante lo cual se tomó la resolución expresa de que la Policía no se acerque a estas zonas. No hubo ninguna incursión a estos lugares. La policía acompañó y garantizó las expresiones pacíficas de protesta social y evitó que los hechos violentos sigan escalando», resaltó.
PROTECCIÓN DE PERIODISTAS
Sobre una supuesta convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación sostuvo que no era una competencia de esa secretaría de Estado, sino de la Secretaría de Comunicación. Que el Comité se reunió cuando un grupo de periodistas fue secuestrado por los manifestantes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y que se decidió que la primera opción era la negociación.
(I).
