Guayaquil, Ecuador
El proyecto de ley sobre la extinción anticipada de dominio en casos de corrupción sigue sin ser aprobado por la Asamblea. Leyes de este tipo no son desconocidas en muchas naciones. Ellas son instrumento de gran utilidad para congelar y recuperar de forma oportuna fortunas, propiedades, bienes y negocios financiados con dineros de la corrupción. Hoy en el Ecuador ya existe un mecanismo parecido, pero solo para ciertos ilícitos. Lo que se propone básicamente es mejorar este instrumento y ponerlo al servicio del Estado con respecto a aquellos delitos que generalmente se incurren en actos de corrupción.
¿De que le sirve a la Fiscalía y a la justicia investigar, juzgar y sancionar a las mafias corruptas si al final de meses y a veces años que duran los procesos los activos que fueron producto de sus delitos se han esfumado, están a nombre de terceros o han sido –lo más común– lavados y enjabonados con la ayuda de profesionales e instituciones?
Parece inaudito que la Asamblea no caiga en cuenta de la urgencia que tiene este proyecto para la sociedad ecuatoriana. La brecha que existe en muchos casos entre los ingresos declarados ante las entidades tributarias y el tren de vida que llevan muchos políticos y funcionarios públicos de todo nivel, es increíble. No hay una explicación razonable para esa brecha que no sea la de la corrupción. Mientras a miles de ecuatorianos les lleva décadas de trabajo honesto y duro poder llegar a vivir con ciertas comodidades, hay un ejército de “nuevos ricos”, muchos de ellos quebrados e insolventes hasta hace poco, que de la noche a la mañana tienen una fortuna.
¿Que una ley como la propuesta puede darse a abusos? Claro que sí. Pero de allí a no hacer nada, hay una enorme diferencia. Los abusos también pueden darse con respecto a la normativa similar que hay con respecto al narcotráfico, pero el hecho es que no se han reportado abusos en esta área. Los abusos también pueden darse con respecto a las potestades que tienen, en general, los órganos de control y no por ello hay que eliminar esas potestades. Además, las personas que se sientan víctimas de abusos tendrán expedita las vías legales correspondientes para obtener las debidas compensaciones.
Así que el argumento del probable abuso no es tal. A lo que suena más es a un simple pretexto. Pretexto para la inacción y la impunidad. Cada día, cada semana, cada mes que pasa sin dotarle a la Fiscalía de un instrumento como el de la ley de extinción de dominio, es un tiempo más que se les regala a las mafias para que diseñen los mejores mecanismos para ocultar sus fortunas. Por la experiencia que hemos tenido en el Ecuador luego de que por una década las arcas fiscales fueron asaltadas sin ningún rubor, una ley como la comentada es de imperiosa necesidad.
Paradójicamente ahora resulta que es nada menos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que está reclamando que el Ecuador apruebe leyes como la de extinción de dominio para ponerle un fin al desangre que significa la actividad pública en el Ecuador. Son miles de millones de dólares que los ecuatorianos han perdido en estos años. Y a pesar de eso a los asambleístas les parece más importante dedicarse a enjuiciar políticamente o a obtener carnés de discapacitados para importar carros de lujo. (O)