La Fiscalía ha sobreseído a Sandra Arcos, viuda del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en la investigación por un presunto tráfico de influencias dentro de la Prefectura del Guayas, tras no encontrar pruebas de su participación, según se ha informado este martes, 10 de noviembre de 2020.
La fiscal del caso, Karla del Rocío Vélez, ha emitido un dictamen abstentivo a favor de Sandra Arcos y otros cuatro imputados, entre ellos uno de los hijastros de Morales. La audiencia de evaluación y preparatoria del juicio se reinstalará este miércoles 11 de noviembre, en el juicio por la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio por parte de la Prefectura del Guayas.
La audiencia se instaló ayer lunes pero fue suspendida, y se volverá a instalar mañana pasado las 11h00 en el piso 9 de la Corte Provincial del Guayas.
En este caso la Fiscalía confirmó que se abstuvo de acusar a cinco personas, entre ellos, a Sandra Arcos y Javier Vélez Arcos, viuda e hijastro del exprefecto del Guayas Carlos Luis Morales, «ya que no existieron suficientes elementos de convicción en su contra».
El abogado de Sandra Arcos ha considerado como una «víctoria» que la fiscalía se haya abstenido de acusar a su defendida.
La fiscalía investiga la adquisición irregular -por parte de la Prefectura del Guayas– de insumos médicos durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, durante los meses más devastadores de la pandemia.
Por este caso también era procesado el prefecto Morales, pero tras su fallecimiento la Fiscalía extinguió la causa en su contra, pero se sigue contra los demás procesados.
Entre los insumos que adquirió la Prefectura, con presunto sobreprecio, constan las 5.000 pruebas rápidas de Covid-19 a un valor de 23,16 dólares la unidad, mientras que la Alcaldía de Guayaquil adquirió las mismas pruebas a 11,20 dólares cada una.
La Fiscalía General del Estado ha recabado elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación y responsabilidad de funcionarios de la Prefectura del Guayas que trabajaban directamente con el entonces prefecto Morales, «quienes adjudicaron contratos para la compra de insumos médicos a empresas que no cumplían con la normativa legal vigente y que vulneraron los procedimientos precontactuales y contractuales establecidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública», informa la Fiscalía.
«Algunas de estas empresas se habrían encontrado en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas, y otras no habrían coincidido con los lugares señalados y registrados en las instituciones que controlan sus actividades».