Guayaquil, Ecuador
Cada vez hay más movimientos políticos fundados, financiados y puestos luego en alquiler por delincuentes, sentenciados o prófugos. Una de las recientes organizaciones políticas que han sido resucitadas por la justicia electoral fue montada gracias a las coimas de Odebrecht. Otras han sido creadas por sujetos que hoy están presos por corrupción o por individuos glosados por la Contraloría. Otras hasta cuentan en sus filas a los promotores de la destrucción de la capital. Y así por el estilo.
Hay estudiosos de la política que han advertido de los riesgos de “judicializar” a la política. Y hay algo de razón en ello. Pero más grave es la contaminación de la política por la delincuencia y, sobre todo, la indiferencia o resignación que se ha apoderado de la dirigencia del país frente a este fenómeno. Lentamente vamos aceptando todo esto como algo normal e inevitable.
Mientras en otras naciones las penas por delitos contra la administración pública, incluyendo el fraude tributario, son de 25 o 30 años de cárcel, con la incautación anticipada del patrimonio y la inhabilidad de recibir fondos públicos de por vida, en el Ecuador el asalto a las arcas fiscales se lo toma casi deportivamente. Llegan a un cargo, roban desaforadamente, amasan una fortuna que la ponen en cabeza de testaferros, si son enjuiciados y sentenciados, la pena de cárcel es insignificante, además van a una cárcel con comodidades, y ni tan pronto entran que ya están tramitando rebajas y logran salir con mil pretextos sin haber cumplido la sanción en su integridad, y de allí a disfrutar del dinero robado. Gracias a que no tenemos una ley de extinción de dominio, para cuando el proceso termina, el dinero de la corrupción habrá sido lavado varias veces, con lo que será imposible recuperarlo. Tendrán dinero suficiente hasta para fundar un movimiento político que luego se lo darán en alquiler al mejor postor.
Cómo será el lodazal al que hemos llegado que hay candidatos a la Presidencia de la República que han incluido entre sus planes de gobierno el conceder indultos presidenciales a individuos condenados por la justicia por corrupción, a prófugos que hoy viven cómodamente en Europa luego de haber dirigido una banda de mafiosos, a sujetos que llegaron a las más altas dignidades públicas y abusaron de las arcas fiscales.
La mayoría de los asambleístas han dado muestras inequívocas de que no van a aprobar la ley de extinción de dominio. No nos engañemos. Lo más sensato sería entonces que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley de extinción de domino calificándolo como “urgente en materia económica”, al amparo del artículo 140 de la Constitución. Una ley como esta es de incuestionable naturaleza económica, pues las pérdidas que sufre la economía ecuatoriana en virtud de la corrupción son gigantescas. Hay decenas de informes técnicos que así lo confirman, por lo que la constitucionalidad de usar este mecanismo está asegurada. Los asambleístas tendrán que pronunciarse en 30 días. Y allí veremos.
Es más, todas las reformas legales que tengan por finalidad controlar esta enfermedad –y se necesitan tantas– bien podrían ser enviadas por esta vía. Y el carácter urgente de estas normas es incuestionable. Las enormes pérdidas que causa la delincuencia política deben detenerse sin demora. (O)