El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha pedido a la Corte Constitucional que dirima un supuesto conflicto de competencias con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a propósito de una resolución de este último en el que le ordena que fije un nuevo plazo para que el Movimiento Justicia Social inscriba candidaturas, pese a que el plazo para hacerlo terminó en octubre.
Justicia Social es un movimiento dirigido por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, exsecretaria del expresidente Rafael Correa, ambos condenados a prisión por el Caso Sobornos. El partido realizó un primer proceso de democracia interna en que se designó candidato a Fabricio Correa Delgado. Tras la renuncia de este, en otro proceso escogió a Carlos Cassanelo, a quien no inscribió.
Después de terminado el proceso de inscripción, sin que Justicia Social haya inscrito candidatos, el partido fue borrado del registro electoral por el CNE después que la Contraloría determinara que gran parte de las firmas con las que logró ser aceptado como partido, eran falsas.
La eliminación del partido fue apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral, que alegó que los acusados no habían tenido tiempo suficiente para su defensa. El Contencioso ordenó que Justicia Social regrese a la vida activa y además, que se le conceda un nuevo plazo para inscribir candidatos, pese a que este había ya fenecido.
Tras el regreso a la vida activa, Justicia Social anunció que el candidato que va a inscribir ya no es Carlos Cassanelo, quien había sigo escogido en las segundas primarias que realizó, sino Álvaro Noboa Pontón.
El CNE ha descrito la resolución del Contencioso Electoral respecto a Justicia Social como una «intromisión». Y ha pedido a ese organismo que revoque el auto de ejecución del 8 de diciembre en el que se dispone que Justicia Social reciba un nuevo plazo para realizar los procesos de democracia interna e inscripción de candidaturas que aún no haya realizado.
La resolución del CNE se ha aprobado con los votos de los consejeros Luis Verdesoto, Enrique Pita, José Cabrera y Diana Atamaint. Se abstuvo Esthela Acero, quien argumentó que las sentencias del TCE son de última instancia, obligatorias y de cumplimiento inmediato y que aprobar esta resolución podría dilatar el proceso electoral.