CIDH pide a Cancillería explique por qué Alvarito no puede inscribir candidatura

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) ha pedido a la Cancillería del Ecuador, que en un plazo de 15 días al Estado remita información sobre por qué el empresario Álvaro Noboa no ha podido inscribir su candidatura presidencial en el por el movimiento Justicia Social en el Consejo Nacional Electoral, según reporta el portal de El Universo.

La petición, contenida en una carta remitida al Canciller Luis Gallegos, con fecha 15 de diciembre, presenta como antecedentes un relato de la eliminación del movimiento Justicia Social, decidida por el Consejo Nacional Electoral, en base a un informe de la Contraloría (que determinaba que un porcentaje de las firmas presentadas para su aprobación son falsas) y la revocatoria de esa disposición por el Tribunal Contencioso Electoral, quje también expidió medidas de reparación, para que Justicia Social pueda realizar los procesos de democracia interna que no hubiera realizado e inscripción de candidaturas para las elecciones de febrero del 2021, pese a que el plazo terminó en octubre de 2020.

La CIDH dice que le ha llegado información que Noboa «busca ser candidato presidencial de Justicia Social, sin embargo, el 16 de septiembre el CNE revocó la personería jurídica de dicho partido político, siguiendo la recomendación de la Contraloría de la República. (…) Por lo anterior, el señor Noboa no pudo ser registrado como candidato presidencial«.

No obstante, al encontrarse apelada la resolución del CNE, y por tanto no encontrarse en firme su eliminación del registro electoral, Justicia Social estaba habilitada para presentar candidatos, como lo reconoce el director del partido, Jimmy Salazar, en una comunicación enviada a las 19h00 del 7 de octubre de 2020.

«Al ingresar a nuestros candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, el sistema informático del CNE no aceptó el cambio de los nombres, por lo que de manera errada aparecen como candidatos Álvaro Noboa Pontón y Marcia Yazbek, cuando lo correcto es decir, que nuestros candidatos son: Carlos Cassanello y Marien Segura Reascos. Hemos solicitado a la autoridad competente la respectiva corrección», señala un comunicado de la agrupación política, difundido la noche del 7 de octubre.

Cuando el plazo de inscripción de candidaturas terminó, el 7 de octubre de 2020, Álvaro Noboa no era candidato por Justicia Social, que había anunciado la candidatura de Carlos Cassanelo, después que Fabricio Correa, quien había sido nominado inicialmente en el proceso de democracia interna, renunció a la candidatura, denunciando que el movimiento era manejado por su hermano, el expresidente Rafael Correa.

Justicia Social está dirigida por Jimmy Salazar, el marido de Pamela Martínez, la exsecretaria del expresidente Rafael Correa, y ambos han sido condenados a prisión tras haber sido declarados culpables de exigir sobornos a empresas contratistas del Estado. En el proceso se reveló que parte del dinero proveniente de los sobornos eran manejados por el marido de la señora Martínez, el actual director del partido.

En la carta enviada por la CIDH al Canciller Gallegos «indica serias preocupaciones sobre los impactos de las decisiones del CNE respecto a los derechos del debido proceso y participación del señor Noboa, que podrían representar afectaciones a la institucionalidad democrática del país».

En esa línea, solicita que se le «ilustre» y proporcione la información sobre los hechos indicados en 15 días, y sobre puntos como el «estado que guarda el proceso de inscripción del señor Noboa en el Consejo Nacional Electoral tras las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral».

«Los recursos disponibles para la protección de los derechos de participación política de personas en los casos de no ejecución de resuluciones del TCE», y «cualquier otra información que el Estado considere relevante para informar a la Comisión».

El martes 1 de diciembre, Sylka Sánchez, ahora vocera del movimiento Justicia Social y de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa-Gino Cornejo, anunció que denunciaron el caso ante la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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