Me pego un tiro, renuncio, mátenme

Alberto Molina

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

En los 10 años que Rafael Correa atormentó a los ecuatorianos, en forma reiterada, varias veces amenazó con “pegarse un tiro”; en 13 ocasiones dijo “que iba a renunciar” y, por último, en una situación dramática, desafió a que “lo maten”.

Desde Bélgica, por disposición de la fiscal Claudia Romero, el 20 de enero último, vía telemática, Rafael Correa rindió su versión sobre el 30-S:

“Los policías habrían intentado ingresar a su habitación en dos ocasiones derribando la puerta. En el primero, habrían querido esconder a Correa en el baño, sin embargo, habría rechazado y solicitó una pistola para defenderse. La segunda vez que intentaron ingresar y parecía que ya lo lograban, para evitar muertes inútiles y la humillación del presidente le pedí a mi asesor, Francisco La Torre, si lograban entrar los amotinados me pegara un tiro en la frente”.

Se han hecho recurrentes las mismas declaraciones, el 19 de julio del 2019, luego de que la Fiscalía solicitara información de sus movimientos financieros y de sus viajes dentro del caso ‘Sobornos 2012-2016’, Correa declaró: “Si me encuentran un centavo mal habido, me pego un tiro”.

Recordemos la acusación que le hizo Correa al coronel César Carrión, a la sazón director del hospital de la Policía: “Cuando ve que me llevaban al hospital policial, este sujeto puso candado en la puerta…”.

La versión de Correa del 20 de enero, fue: “Cuando llegaron a una puerta que conectaba con el Hospital de la Policía, puerta que se intentó cerrar para impedir mi ingreso por parte de quien después me enteré era el coronel César Carrión”. Ahora ya no declara que “este sujeto puso candado”, sino que “intentó”.

Frente a los policías amotinados, en un acto desatinado y ridículo, Correa se abrió la camisa y corbata y desafiando a la tropa, gritó: “Mátenme si tienen valor”.

De las 13 amenazas de renunciar, las más importantes fueron: el 17 de febrero del 2007, Correa dijo que renunciaría si no conseguía una mayoría oficialista en las elecciones para la Asamblea Constituyente; el 10 de abril 2007, amenazó con renunciar si perdía el plebiscito para la convocatoria a Asamblea Constituyente; el 17 de mayo 2008, que renunciaría si le comprobaban que tenía nexos con las FARC; el 13 de diciembre 2008, que estaba dispuesto a renunciar si probaban la acusación de que él conocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa con el Estado; en noviembre 2012, que renunciaría, si demostraban que Pedro Delgado no tenía título de economista; además, que metía las manos en el fuego por su primo. El 11 de octubre del 2013, amenazó con renunciar si despenalizaban el aborto conforme a la propuesta de su coidearia Paola Pabón, acusada por Correa de traidora; junto a sus compañeras Gina Godoy y Soledad Buendía fueron sancionadas; el 19 de noviembre 2013, renunciaba si comprobaban que su gobierno había interferido en el juicio conocido como “Chevron-Texaco”.

Volviendo al tema del 30-S, el general Ernesto González, en su libro “Testimonio de un Comandante”; señala, en relación a la decisión de Correa de ir al Regimiento Quito, “no contempló protocolos de seguridad. Me molesté mucho con el jefe de la Casa Presidencial y con el edecán de turno (…). Ellos presentaron sus informes y, prácticamente, fue el señor presidente quien no aceptó las recomendaciones”.

En cuanto a los verdaderos responsables de los trágicos sucesos, transcribo lo que publicó el diario Expreso el 13/11/2010 con el título: “30-S: Correa y Ponce decidieron operativo”. “Más de dos horas demoró el ministro de Defensa, Javier Ponce, en rendir su versión sin juramento sobre los hechos del 30-S. “El ministro de Defensa, Javier Ponce, ratificó que fue él y el presidente, Rafael Correa, quienes decidieron sobre el operativo que permitió sacar del Hospital de la Policía al mandatario, la noche del 30 de septiembre”.

Resulta insólito que varios miembros del Ejército, por haber cumplido fielmente su deber en el trágico 30-S, se encuentren procesados y corren el riesgo de sufrir injustas condenas acusados de asesinato y no se procesa a los verdaderos responsables.

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