Guayaquil, Ecuador
Leonardo Sciascia, el brillante escritor siciliano, decía que para derrotar a la mafia más que policías y patrulleros lo que se necesitan son jueces, fiscales y gente formada en el derecho. Eso es lo que está sucediendo en Argentina en estos días. Las batallas que vienen librando algunos de sus jueces y fiscales contra las mafias políticas de esa nación pasarán, sin duda, a los anales de la historia jurídica de América Latina como uno de los episodios que honran no solo al derecho, sino a la decencia humana.
A pesar del enorme poder político que ejerce sobre las instituciones argentinas esa gran fábrica de corrupción organizada que es el kirchnerismo, hasta el momento su máxima líder, Cristina Fernández, no ha logrado ni una sentencia que la absuelva de los delitos por los que está siendo procesada. A lo más que ha llegado el desbocado poder de esta mafia es a detener el avance de esas causas y a complicarlas un poco. Pero el sueño de su vida, por el que Cristina está dispuesta hasta a promover una ruptura constitucional, esto es, el de ser declarada inocente de las gravísimas acusaciones que pesan sobre ella, no parece estar a la vuelta de la esquina.
De hecho, dos decisiones recientes dan muestra de lo contrario. La una fue la sentencia de la Cámara de Casación, que en materia penal es la máxima autoridad nacional, que declaró constitucionales los testimonio de los arrepentidos. La declaración de inconstitucionalidad era vital para destruir el caso de los cuadernos. A pesar de las dilaciones, ese juicio sigue abierto y constituye una seria amenaza para Cristina.
Las evidencias contra ella son contundentes. La otra decisión fue la condena que acaba de recibir Lázaro Báez por un tribunal penal por lavado de dinero. La mayoría del tribunal consideró que ese dinero provenía de la obra pública. De confirmarse en casación esta sentencia, ello complicaría el juicio de corrupción en el que está involucrada Cristina y sus hijos.
La frustración del kirchnerismo con la desafiante independencia que viene exhibiendo —al menos hasta ahora— el Poder Judicial es tal que sus militantes están proponiendo una reforma legal que otorgaría a una comisión parlamentaria el poder de sancionar y destituir a los jueces.
Ante esta guerra desatada por Cristina y que bien podría llevar a un colapso del sistema constitucional argentino, hay quienes han comenzado a proponer, como fórmula de solución, el que ella reciba un indulto presidencial. El costo de ese indulto sería menor, dicen, que el derrumbe de la ya frágil institucionalidad del país. Un derrumbe que tomaría años si no décadas recuperar.
El presidente Alberto Fernández, que lo único que sabe es que el poder no lo ejerce él sino Cristina, ha confesado que ella jamás aceptaría semejante fórmula. Lo que ella quiere es que sean los jueces —a quienes Cristina ha declarado los “enemigos del pueblo”— y solo ellos, actuando en nombre de la ley, quienes la declaren inocente en todas las causas.
La reciente renuncia forzada de la incómoda ministra de Justicia no es sino el último capítulo de esta batalla que se viene librando en Argentina, entre el derecho y la corrupción, entre la justicia y la delincuencia. Una batalla que parece infinita, como infinitas son las luchas que realmente cuentan en la vida.
