Los topos

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

Sería de gran utilidad conocer qué ha hecho la Cancillería para hacer cumplir el proceso de extradición en el caso del jefe de la mafia correísta. Como se sabe, según la ley de la materia, el proceso de extradición no es asunto discrecional del Poder Ejecutivo, sino que es una obligación del Ejecutivo llevarlo a cabo más allá de si la extradición tenga o no éxito.

¿Cuántas veces se ha llamado al embajador belga en Quito para expresarle, por lo menos, la preocupación del Estado ecuatoriano de que un individuo sobre el que recae un llamado a juicio penal por secuestro y una sentencia de corrupción, y ha sido, además, ya condenado a pagar varios millones de dólares por perjuicios, conspire desde Bélgica tranquilamente contra el orden constitucional del Ecuador, participe en actividades políticas con incidencia en nuestro país, insulte, amenace y, en definitiva, se burle de la Corte Nacional de Justicia?

¿O es que acaso no se considera ofensivo a la dignidad nacional que un prófugo de la justicia ecuatoriana viva a cuerpo de rey y viaje tranquilamente por el mundo? ¿Qué ha hecho la burocracia de la Cancillería para revertir la posición de la Interpol en este caso? ¿Qué mensaje se manda a los jueces, fiscales y policías honestos –que sí los hay en el Ecuador– que se la juegan a diario en su lucha contra la delincuencia, ya sea del narcotráfico o de otro tipo, cuando ven que un condenado por la justicia ecuatoriana se pasea alegremente dando sermones de moral como si nada hubiera sucedido?

Estas preguntas y otras parecidas pueden hacerse con respecto a otras entidades públicas, donde se encuentran enquistadas decenas y decenas de servidores públicos que están gozando de sus cargos y del poder que todo cargo público conlleva no gracias a sus méritos, sino por su lealtad a un movimiento político antidemocrático y corrupto. Un movimiento que llevó a la debacle ética al Ecuador, gente que terminó “normalizando” los peores actos de corrupción y el abuso del poder, individuos que por más de una década no han hecho otra cosa que vivir del Estado para fomentar una causa política, mas no para cumplir con eficiencia y transparencia sus deberes constitucionales.

Ese enjambre de anónimos que viven y se mueven como topos por el laberinto subterráneo del andamiaje estatal es el más grave peligro que acecha el proceso de transición democrática que ha comenzado a vivir el país. No nos engañemos. Este verdadero ejército de topos anclado por doquier buscará el fracaso del nuevo régimen y seguirá estando al servicio del correísmo, aunque haya sido derrotado en las últimas elecciones presidenciales.

El Ecuador necesita con urgencia contar con servidores públicos en todo el espectro de las funciones del Estado que no estén al servicio de esta u otras mafias, sino de los intereses nacionales, y menos que se hayan prestado para implementar las políticas de una dictadura corrupta.

La tarea no será fácil, sin duda. Luego de catorce años de succionar y abusar del Estado y de trabajar para un “proyecto” particular con fondos públicos, y, en muchos casos, de haber levantado fortunas, estos topos deben haber creado barreras sólidas de impunidad. Pero es una tarea ineludible que deberá enfrentarla el nuevo gobierno no solo por su bien, sino por el de todo el Ecuador.

Sin justicia, no hay paz. (O)

El expresidente de Ecuador Rafael Correa durante una entrevista con Efe, hoy en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Más relacionadas