Desasosiego

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

La iniciativa ciudadana, respaldada por unos 300 mil compatriotas, para llevar a referéndum una serie de reformas a la estructura orgánica de la Constitución –eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, reforma integral a la Asamblea e independencia de la Fiscalía General– acaba de naufragar la semana pasada.

La Corte Constitucional, llamada a velar por el cumplimiento de la Constitución por parte de los diferentes poderes públicos, decidió mirar a otro lado ante las serias violaciones constitucionales que cometieron las mafias políticas enquistadas en la Asamblea.

El proyecto jamás fue debatido como manda la ley y como la propia Corte ya había establecido en otro caso en el que dejó sin efecto una reforma constitucional. La Corte se limitó a exhortar a los asambleístas para que en el futuro se porten bien y no vuelvan a violar la Constitución. En fin.

Si algo queda en claro es que las reformas constitucionales jamás nacerán de la sociedad civil. Después de este precedente, es de ingenuos pensar que a otro colectivo ciudadano se le ocurra embarcarse por más de un año en el tortuoso camino de auspiciar un proyecto de reformas estructurales con el respaldo de miles de firmas, a sabiendas de que, si a la clase política no le gusta el proyecto, ella, violando la Constitución, bloqueará su referéndum.

Ya lo hizo una vez. Lo volverá a hacer otra y otra vez. Mientras tanto, los devotos de Montecristi seguirán hablando de la democracia directa.

Hay ciertamente otros caminos que permitirían rediseñar el esquema constitucional y político.

Uno sería que dicho proyecto nazca del propio legislativo. Pero las mafias jamás van a reformar una estructura que tanto sirve a sus intereses. ¿Reducir el número de organizaciones políticas? ¿Disminuir el número de asambleístas? ¿Elegir a los asambleístas en la segunda vuelta? ¿Equilibrar la representación provincial y localista que tanto ha fragmentado a la política ecuatoriana, con una cámara elegida a nivel nacional? ¿Fortalecer el sistema de partidos? ¿Obligar a las organizaciones que compiten para la Asamblea y la Presidencia, por lo menos, a que tengan una estructura nacional? ¿Eliminar la posibilidad de que existan personas que se registren en varias organizaciones políticas a la vez? ¿Elegir a los alcaldes en dos vueltas? Ni pensarlo.

Ni estas ni otras reformas similares van a provenir de nuestra oligarquía política. El sistema jamás será reformado en tales dimensiones por quienes viven de él. Por eso es por lo que jamás tocan estos temas en sus arengas. La calidad de la democracia que tenemos provoca desasosiego. Que buena parte de nuestros políticos estén cegados por el odio, en unos casos, o por la lujuria al dinero, en otros, es peor aún. ¿Cómo es que pueden ignorar los peligros que nos acechan si siguen llevando al país a su parálisis?

La otra vía que queda abierta es obviamente la consulta de iniciativa presidencial. Si bien no podrá proponer reformas a la estructura orgánica, como las que auspició la iniciativa ciudadana antes mencionada, el presidente goza de un espacio de maniobra suficiente para proponer cambios sustanciales que mejoren la calidad de nuestra democracia e instituciones políticas y, por ende, de nuestra economía. La historia confirma que ambas cosas van de la mano. (O)

  • El texto de Hernán Perez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, participó de forma presencial en la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo en el trámite de su juicio político. Foto difundida por El Universo

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