El pasado 26 de noviembre, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19 fue publicada en el Registro Oficial después de que la Asamblea Nacional negara su archivo. Sin embargo, el proyecto se mantiene impopular frente a diferentes grupos políticos opositores como el movimiento Pachakutik, que ha expresado su intención de derogar la ley. Este lunes, entidades como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el partido Unidad Popular presentaron demandas de inconstitucionalidad contra las reformas tributarias.
Las demandas fueron presentadas por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, que tiene el respaldo de varias agrupaciones de maestros, trabajadores y estudiantes. El argumento del líder indígena consiste en afirmar que los nuevos impuestos tienen un efecto «lesivo» en la población y que afectan de manera negativa a la clase media del país. De acuerdo a Geovanni Atarihuana de Unidad Popular, la ley no cuenta con apoyo popular.
La Ley Tributaria establece un aumento en el impuesto a la renta a personas que ganan más de 2.000 dólares al mes. Según diario El Universo, esta reforma afectaría a unos 275.900 contribuyentes y recaudará más de 1.900 millones de dólares para el Estado en 2022 y 2023. (I)
- Con información de El Universo.