Guayaquil, Ecuador
Parece increíble, pero de tiempo en tiempo se vuelve necesario recordar, en el paisito del populismo legislativo en lo financiero, que el dinero que entregan en préstamo los bancos proviene, mayoritariamente, de los fondos que reciben del público, de modo que cualquier afectación que por regulación estatal se haga a la capacidad para recuperar el dinero prestado termina en verdad perjudicando a los depositantes.
Traigo lo anterior a colación a propósito de un reciente proyecto, presentado el 15 de diciembre pasado por la asambleísta Silvia Núñez (UNES, Chimborazo), con el que, a guisa de “justicia financiera”, pretende que por ley se pase a administrar los préstamos de la banca, disponiendo lindezas como que cualquier deuda vencida obligatoriamente sea reestructurada a petición del deudor, persona natural, si “su situación económica ha cambiado” por cuestiones tan variopintas como una no definida “pérdida de ingresos fijos” o unos “eventos adversos naturales antrópicos” [es decir los producidos por actividad humana] que impidan la movilidad y el curso normal de las actividades económicas” (art. 1).
Ahí no queda el asunto. Lo peor es que plantea que deudas de hasta USD 10.000 queden extinguidas, de plano, tanto si los deudores son cónyuges y cualquiera de ellos fallece (como una especie de seguro de desgravamen, pero a riesgo del banco), como si al deudor le sobreviene una “incapacidad” y “demuestre la imposibilidad de pago” (art. 4).
Semejante demagogia solo puede tener por destino el archivo. La Constitución es tajante cuando establece que “Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia” (art. 308). Si los administradores y controladores de un banco privado responden por su solvencia, no puede por ley manejarse los activos (préstamos) en cuya recuperación se afinca la devolución de los depósitos, más allá de que lo planteado, de pasar, en lugar de “justicia” financiera, encarecerá (sino dificultará) el acceso al crédito por el mayor riesgo a asumir.