Guayaquil, Ecuador
Andan desesperados por tener un contralor general como el que tuvieron por más de una década. El que tuvieron era perfecto para ellos; hasta se jactaba de que las coimas que recibía las recibía al contado y no por medio de transferencias a compañías en Panamá. Y ahora necesitan uno parecido para que tape toda la basura que escondieron y pare todas las auditorias y entierre todas las pruebas y se olvide de todo lo que pasó.
Por eso andan diciendo que antes estaban mejor. Obvio que estaban mejor.
Pero eso no es todo. Necesitan con urgencia remover a la Dra. Diana Salazar de su cargo de fiscal general, tomarse la Corte Nacional, adueñarse de su Sala de lo Penal y llevarse el Consejo de la Judicatura. Es la forma más segura de que se anule la sentencia que condenó al exdictador y que le impide volver. Necesitan jueces timoratos y fiscales de bolsillo para anular esa sentencia, tal como lo logró Lula en Brasil. No se atreven a demandar su nulidad ante una corte internacional porque saben que fracasarían. Tiene que ser en Ecuador y pronto. Esperar hasta el 2025 es demasiado tiempo y riesgo.
Necesitan también un procurador general, uno que no los demande en repetición por los perjuicios que ha sufrido el Ecuador por sus arbitrariedades, abusos y robos. Pero aún hay más. Están con un hambre atroz porque no se les han repartido las empresas públicas, los contratos petroleros, el seguro social, los hospitales, las aceras y bordillos, los ministerios, los juzgados. Nada de nada.
Además están hastiados de Villavicencio. Este señor no para de hablar de corrupción y ya es hora de que se calle. Los pobres necesitan terminar sus vidas en paz, sin el temor de que un día se les pida cuenta. Esos allanamientos en Samborondón y en Cumbayá tienen que parar.
Igual de nerviosos están los narcotraficantes. Ellos también añoran el pasado. Durante más de una década, los dueños del país miraban a otro lado cobardemente mientras ellos se instalaban en el país, crecían económicamente y penetraban en el andamiaje estatal. Eran años en que ni en Manabí ni en Santa Elena había radares, a los gringos los habían echado de Manta y hasta se legalizó el consumo de drogas. Pero hoy las cosas andan mal. Necesitan que las incautaciones de drogas sean más discretas en número y cantidad, como solía suceder antes para hacer show; no como ahora. Añoran los años en que la Justicia estaba a su servicio. Las sentencias se dictaban desde un cortijo o se entregaban en un pendrive a los jueces para que las firmen. En su momento de gloria, el dueño del país hasta chupaba con los magistrados de la Corte Suprema. Por eso es por lo que necesitan asaltar al Consejo de Participación. Para de allí asaltar al Estado.
El pacto de mayo de 2021 no terminó, en realidad. Hay nuevos socios, es verdad; pero el objetivo sigue siendo el mismo: anular las sentencias contra el exdictador y su camarilla. Por eso es por lo que quieren comérselo al que los dejó plantados en la puerta del horno. Es un estorbo. Ya sea por vanidad o por dinero, por impunidad o por interés, lo cierto es que necesitan a gritos tomarse los órganos de control y deshacerse del presidente de la República violentando la Constitución. Ya lo han hecho antes. Por supuesto, el país les vale un comino. Y encima hablan de institucionalidad. (O)