San José.- Brisa Liliana De Angulo Losada urgió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a tomar medidas para que los casos de abuso y violación sexual en menores de edad no queden en impunidad en la región.
El caso se remonta al año 2002, cuando De Angulo Losada sufrió de abuso, violencia sexual y violación sexual, por parte de su primo cuando ella tenía 16 años y él 26 años. Dos décadas después, el proceso penal llevado a cabo en Bolivia no ha sido decidido en un plazo razonable, según la demanda presentada contra el Estado.
«Los compromisos de los Gobiernos, sus leyes y políticas necesitan ser más que solo palabras y papel (…) Como sociedad, el mundo ha sido muy indiferente a esta problemática, estos 20 años de lágrimas y horrores no han sido en vano, es para lograr un cambio real. Les imploro (CorteIDH) que tomen fuertes estándares internacionales para prevenir y dar justicia a niños, niñas y adolescentes», dijo De Angulo en su declaración final al cierre de una audiencia virtual de dos días.
La mujer indicó que no se trata solamente de generar un cambio en las políticas del Estado de Bolivia ni de la región, sino a nivel mundial, para que también el incesto sea visto como un crimen en sí mismo.
De Angulo también contó a los jueces que durante el proceso fue sometida a una serie de exámenes físicos innecesarios, un examen forense abusivo, sin el acompañamiento de su madre, y que no fue realizado por profesionales de salud capacitados para atender víctimas de violencia sexual en menores de edad.
La demanda argumenta que dichos aspectos, no solo habrían constituido una interferencia arbitraria en la vida privada de la presunta víctima, sino también una grave violencia institucional de índole sexual.
Los representantes de la víctima indicaron que en Bolivia solo el 10 % de los casos de violación y abuso sexual son denunciados, mientras que solamente el 1 % llega a juicio.
La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alega la responsabilidad del Estado boliviano por la violación de su deber de garantizar, sin discriminación por motivos de género y edad, el derecho de acceso a la justicia frente a la violencia sexual presuntamente sufrida por Brisa Liliana.
Además, el documento expresa que el Ministerio Público no llevó a cabo una investigación diligente, orientada a la determinación de la verdad y con la debida diligencia reforzada sobre las alegaciones de abuso, violencia sexual y violación sexual.
«La CIDH quiere destacar que el deber de tomar todas la medidas para asegurar que el proceso penal llegue a su fin en un plazo razonable es del Estado al tratarse de un delito cuyo juzgamiento debe tramitarse de oficio (…) La Comisión concluye que el Estado incumplió con la debida diligencia», expresó el comisionado de la CIDH, Joel Hernández.
En sus alegatos finales, la representación del Estado de Bolivia destacó que la erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en todas sus formas ha sido un tema de relevancia, por lo cual ha trabajado de manera progresiva en una serie de medidas legislativas y procesos de capacitación para prevenir y sancionar este tipo de delitos.
«Nos parece aberrante y fuera de lógica pensar que Bolivia haya tenido o tenga una tolerancia estructural y una cultura de impunidad hacia los hombres que cometan altos delitos de violencia sexual contra mujeres y en particular el incesto (…) Es sorprendente la manera en como se ha tergiversado determinados hechos sobre el desarrollo de las investigaciones y el proceso como tal», dijo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Tras la audiencia, las partes tienen un mes para entregar su alegatos finales por escrito y a partir de ese momento la Corte Interamericana emitirá una sentencia en los siguientes meses. EFE
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